Artículo de opinión

POLÍTICA PROFESIONAL

La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, entrevistada en DESAYUNOS CON, en EL PAÍS, demuestra el cuajo de una política profesional de estos tiempos, con todo su significado actual.

Su forma de entender la gestión económica resulta enternecedora, similar a la de la marquesa con el chocolate del loro a la hora de recortar gastos, aunque el chocolate de la alcaldesa sea el agua en bidones de las oficinas municipales, el loro los funcionarios y el importe, una barbaridad según dice, 35.000 € al año, lo que efectivamente es mucho beber para unos funcionarios.

Podía haberse fijado en otros gastos municipales, en concreto en dónde se van los más de 33 millones de euros que ha facturado la empresa concesionaria AQUAGEST en el año 2012, con cientos de miles de euros de costes ficticios, gastos sin autorizar y el Impuesto de Sociedades pagado aparte del 14% del margen de beneficios.

También, en los casi 700.000 m3 de agua potable de la red que habrán consumido los servicios municipales en el 2012 y haberse informado de que el ayuntamiento no paga nada por ellos. Entonces, quizás se le hubiera ocurrido que no es justo que se facture los 390.000 € de su coste a los usuarios del servicio privatizado de Cartagena, y que si pagara el Ayuntamiento, igual ahorraba más que con el agua de los bidones de los funcionarios.

El Ayuntamiento de Cartagena tiene un presupuesto de gastos de unos 200 millones de euros anuales, sin contar los 33 millones del servicio del agua potable que no se incluyen, y resulta que no han contado con un registro general de facturas hasta mediados del año 2012. Por ello, no hacían seguimiento de las facturas y claro, se quedaban en los cajones, sin contabilizar. Tras el Decreto 4/2012 de Montoro, aparecieron  37 millones de euros en 4.827 facturas del año 2011 y anteriores, pendientes de pagar a 786 proveedores, sin contar las deudas a organismos públicos.

Para no enterarse de los gastos, y gastar a su gusto, prefiere no contar con funcionarios de habilitación estatal. Así, el puesto de Secretaría lleva vacante 13 años y 3 años la Intervención, sin convocar el preceptivo concurso. En vez de funcionarios independientes  cuenta con intrusos que, por supuesto no le llevan la contraria, ni las facturas claro. Y el Colegio de secretarios e interventores sin enterarse, y tampoco el Ministerio, aunque tales funciones sen básicas y reservadas a Funcionarios de Habilitación Estatal, precisamente para controlar la corrupción y defender los intereses de los ciudadanos que son los que ponen el dinero del Ayuntamiento

¿No resulta enternecedor el sentido del ahorro y del ridículo de la alcaldesa de Cartagena?

Zalacain Etxeandía