Que ante la resolución de 7 de febrero de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que acuerda el archivo de las diligencias preliminares de investigación penal 41/12 y las afirmaciones de la Alcaldesa y su propio el Sr. Cabezos en las que sacan pecho, en sentido figurado claro, manifestando que no hay corrupción y que así ha quedado acreditado, llegando a solicitar que la Oposición pida perdón a los ciudadanos, queremos aclarar las siguientes cuestiones a los ciudadanos y a nuestros regidores.

Que el Fiscal no es un órgano jurisdiccional, por lo que su archivo, además de deberse a una cuestión legal, relativa al período en que pueden estar abiertas las diligencias preliminares, no juzga ni prejuzga la existencia de ilícitos penales, a pesar de que el texto difundido pueda dar lugar a esa sensación.

Que en cualquier caso, el criterio del Ministerio Fiscal sobre la prescripción de las posibles responsabilidades penales ya nos era conocido con anterioridad, y discrepamos de él, puesto que el denominado por la Alcaldesa “Caso Puerta Nueva” no se ciñe a unos hechos acaecidos en el lejano 2002, sino a una concatenación de actuaciones que puestas en conexión responden a una actuación continuada por parte de la Sra. Barreiro y sus compañeros de Gobierno, que seguimos pensando es acreedora de una investigación penal, que pensamos iba a instar el fiscal, pero que ha dejado para quienes quiera interponer la correspondiente querella.

Sucintamente queremos recordar que se adjudicó el concurso a una UTE encabezada por D. José Antonio Alonso Conesa, quien antes ya había confesado a su círculo cercano que le adjudicarían el concurso, con la única condición de que presentara una empresa local.

Que efectuada la adjudicación, pocos meses después, las empresas locales que integraban la UTE desaparecieron de RESIDENCIAL PUERTA NUEVA, S.A., dejando tras de sí, entre otras cuestiones, unos avales por ellas prestados para concursar, que nunca se modificaron ni han sido ejecutados, a pesar de que aún está sin urbanizar una parte del PERI CA4 y esa era su finalidad.

Que en el año 2007 una empresa constituida por personas afines a RESIDENCIAL PUERTA NUEVA, S.A. adquirió la parcela que acabó siendo el edificio de la ONCE, permutándola con dicha sociedad, y sin que la sociedad municipal CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. recibiera las plusvalías de tan importante operación, sino precisamente estas personas.

Que aún cuando la adjudicación se produjo por las posibilidades de control de la sociedad y las plusvalías que ofrecía, la Alcaldesa abandonó el mismo año 2007 el Consejo de Administración sin nombrar sucesor alguno (y tras asistir a las reuniones de éste en un par de ocasiones), dejando de reclamar las plusvalías durante 4 largos años, en los que tampoco aparecieron éstas en las cuentas de la sociedad municipal CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.

Que cuando, forzado por Hacienda y la oposición, el gobierno municipal interpuso la reclamación, ya era tarde para cobrar, y no existían bienes libres de cargas para la cantidad reclamada, más de 3 millones de euros, y además se pudo constatar que los socios habían recibido varios millones de euros en préstamos que nunca han sido reintegrados a la sociedad.

Que además consta que los técnicos municipales en el concurso informaron (y puntuaron) que la adjudicación había de ser para otra empresa, aunque políticamente se decidió adjudicarla a la UTE encabezada por el ex alcalde, y que estos mismos técnicos han manifestado que no existía instrumento de control alguno de las plusvalías y las cuentas de RESIDENCIAL PUERTA NUEVA, S.A.

Y en resumen, que consta acreditado que tras más de 11 años desde la adjudicación lo que tiene CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. es un crédito litigioso de difícil cobro, en el que aún quedaría por compensar unos gastos de arqueología, que según los técnicos municipales ya han sido compensados con metros construidos, la resolución del Fiscal no mitiga ni apaga nuestra convicción de que deben ser investigados y aclarados uno a uno, y en sede judicial, cada uno de estos hechos, que responden a una continuidad que en nada ha beneficiado a los ciudadanos.

Por ello ponemos de manifiesto nuestra intención de interponer la oportuna querella criminal, a fin de que previa investigación judicial de los hechos, se puedan depurar las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir los actuantes, que entendemos podrían alcanzar tanto a delitos propios de la función pública, como a delitos societarios, y todo ello aderezado, al menos, con una actuación del Partido en el Gobierno municipal que, esa si, debería llevarles a pedir perdón a los ciudadanos y quizás a otras consecuencias.

Puesto que lo que está más que acreditado es el importante perjuicio que ha sufrido el Municipio, y ese dinero público es de los ciudadanos, y como bien dice la Sra. Barreiro, ellos son los que merecen las explicaciones que se les niegan amparándose en cortinas de humo, como es el caso, en que se han parapetado tras una resolución del Fiscal, que de haber consultado con sus servicios jurídicos, incluso verbalmente, seguro que les habrían ilustrado y aconsejado la prudencia que no han mostrado.

 

 

Fdo. José López Martínez

Portavoz Grupo Mixto-Movimiento Ciudadano

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COMUNICADO DE PRENSA 18/2/2014
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