Cartagena, a 5 de febrero de 2015.

Ante la situación creada por el impago de la subvención municipal a la UTE gestora del Auditorio El Batel, que ha derivado en una denuncia en los tribunales por parte del Gerente del Auditorio y Presidente de COEC, Pedro Pablo Hernández, queremos manifestar la sorpresa que produce que desde el Ayuntamiento no se hayan iniciado los trámites tendentes a cobrar el impago de la concesionaria del alquiler del pasado 2014 o de retirada de la concesión, como hubiera sido lógico y como manda la legislación vigente. Hoy nos sorprende D. Pedro Pablo con la siguiente aseveración, “Gestipolis-Sonora nunca abona el alquiler al Ayuntamiento, ya que éste lo descuenta de la ayuda anual de 2 millones, bloqueada ahora por dudas con las facturas”, pues esta aseveración encierra la verdad del sucedido, que no es otra que hasta que el tribunal de cuentas y Movimiento Ciudadano no hemos estado fiscalizando y denunciando las irregularidades existentes en este consistorio, parece ser que  la vigilancia en las facturas que se aportaban para recibir la subvención era mucho más lasa o incluso inexistente, y esto es lo que desvela con su frase el Presidente de COEC y gerente del Batel a modo de lamento en la que se pregunta, ¿por qué ahora quieren cumplir con la legalidad cuando antes para mí y para el resto de amigos y clientes de la Sra. Barreiro todo era un camino de rosas?
Efectivamente la ley indica que la compensación entre administración y empresas o concesionarias es un herramienta comúnmente usada, pero para que esta compensación se pueda producir es indispensable que las facturas que justifican el gasto y, por tanto, el cobro de la subvención, deben estar liquidadas, es decir, comprobadas y aceptadas por la administración, cosa que en este caso no sucede, por tanto y sucedido lo anterior, es imprescindible que El Batel liquide su deuda con el Ayuntamiento, antes de cobrar lo suyo o incluso antes de que un juez le atienda su petición.
Denunciar públicamente que desde el Consistorio se comportan con más firmeza en el cobro con otros constructores y contratistas, a los que no sólo no les permiten las compensaciones, sino que además los excluyen de la posibilidad de contratar con la administración aunque el saldo entre administración y concesionaria sea favorable a la segunda.
Una última reflexión, ¿además de a las mercantiles vinculadas a Alonso y a Hernández, a quien más no reclama el ayuntamiento las deudas? Barreiro Tiene la respuesta.

MC manifiesta la sorpresa que produce que desde el Ayuntamiento no se hayan iniciado los trámites tendentes a cobrar el impago de la concesionaria del alquiler del pasado 2014 o de retirada de la concesión
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