El Plan General de Ordenación Urbana es el mayor ejercicio de responsabilidad por parte de un gobierno municipal, puesto que condiciona el desarrollo futuro del municipio. Incluso el TSJ recoge en sentencia que la actuación es especialmente grave por tratarse de una localidad como Cartagena, con su importante patrimonio y singularidad de sus barrios y diputaciones

MC lo tramitará de forma ordenada, sensata y en beneficio de la ciudad y sus habitantes, y desde luego no lo usará de modo coactivo contra ningún empresario o particular

 

MC ha tenido conocimiento de que en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (421/15), dictada en el día de ayer, el procedimiento iniciado por un empresario local ha arrojado un resultado general, puesto que no entra a las razones particulares, sino que anula la aprobación del Plan General del municipio por infringir la ley en su tramitación general. Esta herramienta de planeamiento es quizás la que supone un mayor ejercicio de responsabilidad por parte de un gobierno municipal, puesto que condiciona el desarrollo futuro del municipio. Incluso el TSJ recoge en sentencia que la actuación es especialmente grave por tratarse de una localidad como Cartagena, con su importante patrimonio y singularidad de sus barrios y diputaciones.

En este caso afirma José López «la sentencia no es firme pero si permite hacernos una idea de que como ha funcionado el PP y Barreiro estos años, puesto que en el mayor ejercicio de poder municipal, las prisas y las decisiones caprichosas pueden suponer al municipio varios años de retraso en la planificación, e importantes gastos de tramitación administrativa y judicial».

La lectura de la sentencia afirma López «confirma lo que muchos sospechamos, que las administraciones no están al servicio de los ciudadanos ni de los territorios, sino de sus propios intereses. Está claro que la aprobación de un plan ambiguo, incompleto e interesado es lo que quería el PP de Cartagena, y que el PP regional no dudó en dársela para que su organización pudiera seguir adelante con sus fines. Ahora el tribunal les recuerda que no vale todo, que les falta rigor y que su actuación es ilegal».

La formación cartagenera, a través de López, llama la atención sobre el desarrollo del procedimiento «en la sentencia consta que el Ayuntamiento de Cartagena no esgrimió argumentos propios en el procedimiento, sino que hizo suyos los de la comunidad autónoma, lo cual resulta extraño tratándose de un asunto de esta importancia, y a ambas administraciones las condenan en costas. Por si los cartageneros no pagáramos suficiente, un nuevo gasto por la negligencia del gobierno saliente».

Dicho esto MC quiere ver la parte positiva y anuncia por boca de López «esta sentencia abre dos puertas, una para estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades económicas a quienes hayan impulsado esta tramitación, a los que MC repercutirá los gastos y costas si resulta posible. Y la otra la de revisar la actuación del PP para efectuar un planeamiento más sensato y poder recabar informes como el de la confederación hidrográfica que es preceptivo y no estamos seguros de que obre en el plan general ahora anulado. Si la justicia obliga a anular el plan, MC lo tramitará de forma ordenada, sensata y en beneficio de la ciudad y sus habitantes, y desde luego no lo usaremos de modo coactivo contra ningún empresario o particular».

Para MC la resolución del TSJ deja entrever que la gestión del PP responde a intereses espurios
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