El gobierno saliente ha convocado para mañana una jornada de «cierre de actas», con el objetivo de que su mayoría absoluta le sirva para dejar aprobadas sus últimas actuaciones al frente del municipio.
MC considera que se trata de una situación jurídicamente razonable, pero cuando uno se acerca al contenido del acta que se va a aprobar por la junta de gobierno local, la de 1 de junio de 2015, se comprueba que ni Barreiro ni los suyos han aprendido nada de las urnas ni de las demandas ciudadanas.

José López nos indica al respecto que «en los últimos años, el gobierno local del PP ha permanecido ajeno a la realidad social y ha seguido actuando con la misma sensación de impunidad. Solo así se explica que mañana pretendan dar el último paso para que los puestos de secretario, interventor y director de la oficina de gobierno municipal sean elegidos a dedo».

Como es sabido, estos funcionarios con habilitación nacional deben asegurar el buen funcionamiento de la administración local y fiscalizar a los políticos. A pesar de ello, el gobierno del PP ha mantenido en esos puestos a funcionarios sin habilitar a través de nombramientos directos y a dedo efectuados por Barreiro, en claro fraude de ley, siendo actualmente investigados los 9 miembros de la junta de gobierno local por varios presuntos delitos de prevaricación, en estas designaciones y en la provisión anterior.

López indica que «les da igual que pueda ser un delito, porque sus principios son distintos, ellos buscan funcionarios fieles y subyugados, por eso los ponen a dedo y sin la cualificación adecuada, y ahora aprueban unas bases arbitrarias, discrecionales y contrarias a la ley, que tendríamos que recurrir, una vez más, de no ser porque se anularán directamente después del sábado 13, al constituirse un nuevo gobierno municipal, que apostará, sin duda, por la legalidad y la transparencia».

Finalmente López concluye «se han sentido tan poderosos que ya aprobaron unas bases claramente ilegales, evitando de modo arbitrario que el interventor que cumplía todos los requisitos ocupara el puesto, evidentemente por miedo al resultado del trabajo del ya conocido como interventor anticorrupción; y ahora reproducen esas mismas bases enmascarándolas con algún aderezo que les asegure la arbitrariedad, con idéntica finalidad. Su objetivo es que no se pueda fiscalizar el Ayuntamiento por alguien cualificado e independiente. Lo que sucede es que ese tiempo ha pasado, y los cartageneros quieren una nueva época de gente decente dirigiendo el municipio. Una de las primeras actuaciones para MC, como recoge el documento de mínimos, será que los funcionarios ocupen sus puestos por méritos, atendiendo a la ley y a los principios de igualdad y capacidad».

Mañana el PP echa la persiana a la arbitrariedad y la impunidad en Cartagena
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