José López Martínez, Concejal y Portavoz del Grupo Mixto-Movimiento Ciudadano de Cartagena, presenta al Pleno, para su debate y posterior aprobación, la siguiente moción para que el Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno de la Nación y las Cortes Generales pongan en marcha las iniciativas legales y constitucionales oportunas para suprimir el régimen de “aforados” por ser una excepcionalidad procesal que responde a un privilegio político y judicial injustificado.

Ver vídeo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=p6sh7kJm7Mg&feature=youtu.be

 

MOCIÓN

Se calcula que en España 10.000 personas están aforadas, esto es, sujetas a una legislación procesal específica por la que no son juzgados ni investigados por el órgano judicial ordinario al que están sometidos el resto de españoles. Del total de aforados, 2.300 son políticos, y la mitad de ellos diputados autonómicos. Entre estos aforados se encuentran: el presidente del Gobierno y sus ministros, el presidente del Congreso y los diputados, el presidente del Senado y los senadores, los presidentes de los parlamentos autonómicos y los parlamentarios, el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, al igual que los del Consejo de Estado. También lo es el Defensor del Pueblo, y en el ámbito judicial lo son el presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los presidentes del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, así como todos los jueces, magistrados y fiscales. Muchos de estos aforamientos no se justifican en la propia Constitución ya que se han establecido mediante otras normas.
Esta circunstancia, que entendemos que supone un privilegio injustificado, es una anomalía y una situación insólita si la comparamos también con los países de nuestro entorno y del conjunto de la OCDE. Por ejemplo, en Portugal e Italia sólo tiene esta protección judicial el presidente de la República. En Francia gozan de ésta únicamente el presidente, el primer ministro y su Gobierno. Por no hablar de Alemania donde hasta el presidente de la República es juzgado por los mismos tribunales que el resto de ciudadanos de a pie. Si nos vamos ya a EE.UU., desde el presidente hasta el último juez, todos son procesados por tribunales ordinarios.
El aforamiento, que no es lo mismo que la inmunidad parlamentaria, es una excepcionalidad a la igualdad ante la ley de todos los españoles, del derecho al juez natural predeterminado por la ley y un privilegio procesal solo explicable si se desconfía de la propia Justicia y de los órganos judiciales que la imparten.
Es asimismo un anacronismo que responde a una cultura política del pasado, a unas garantías o supuestas garantías que en el régimen decimonónico pudieron ser legítimas por los manejos políticos partidistas o de los poderes fácticos a la hora de impartirse justicia, pero precisamente estos aforamientos en pleno siglo XXI lo que evidencian es la politización de esa misma Justicia al establecerse una normativa especial y exclusivista por el mero hecho de pertenecer a un estamento determinado. Es decir, es un instrumento procesal que se ha desnaturalizado y sirve precisamente al fin contrario por el que su momento se concibió.
En este contexto, es normal que sean muchos los ciudadanos que estén en contra del privilegio del aforamiento, ya que crea ciudadanos de primera y segunda categoría, así como que duden de la imparcialidad e independencia del CGPJ, órgano competente para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo que en única instancia juzgará a muchos de los aforados políticos, teniendo en cuenta que es un fiel reflejo de la composición del Congreso y el Senado, ya que sus 20 miembros son designados a propuesta de los partidos y pertenecientes a asociaciones de jueces con clara vinculación ideológica.
En definitiva, no hay razones jurídicas, sociales, técnicas, procesales ni políticas para mantener este abusivo y extendido régimen de aforamientos. Por ello, Movimiento Ciudadano de Cartagena, como partido integrante de la Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes (CAPI) que está presentando mociones en esta línea en todos los ayuntamientos y diputaciones de España donde tienen representación las formaciones políticas que la conforman, presenta al pleno para su aprobación la siguiente
El Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno de la Nación y a los portavoces de los grupos que forman parte de las Cortes Generales a que se pongan en marcha de inmediato las iniciativas legales y constitucionales oportunas para suprimir el régimen de aforamientos por ser considerados una excepcionalidad procesal que en esencia responde a un privilegio injustificado.
Del contenido de esta moción se dará cuenta al presidente del Congreso y del Senado, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, al Tribunal Constitucional, a los grupos políticos de ambas cámaras parlamentarias, al Presidente del Gobierno, al Consejo de Ministros, al ministro de Justicia y al Defensor del Pueblo.

Pleno junio 2014 24 004

Vídeo sobre la moción para suprimir el régimen de aforado
A %d blogueros les gusta esto: