José López Martínez, Concejal y Portavoz del Grupo Mixto-Movimiento Ciudadano de Cartagena, presenta al Pleno las siguientes PREGUNTAS sobre la actuación municipal respecto de la concesión del auditorio municipal El Batel a la UTE Sonora-Gestípolis y las discrepancias existentes entre los técnicos municipales, el Tribunal de Cuentas y la UTE.
Exposición:
Hace unos días han sido dictadas dos resoluciones judiciales que obligan cautelarmente a abonar al Ayuntamiento, con expresa condena en costas, las certificaciones que se adeudan a la UTE SONORA-GESTÍPOLIS, que explota el auditorio de El Batel, y a la empresa MANTENIMIENTOS Y CUSTODIAS ARQUEOLÓGICAS, S.L., la cantidad total está en torno a los 800.000 € y los representantes de ambas concesionarias, al menos como cabezas visibles, son de sobra conocidos: el Presidente de COEC y el que hasta hace pocas fechas fuera el pedáneo de La Puebla y miembro de la directiva del PP local.
La segunda de las cuestiones no hace falta que la respondan, puesto que los ciudadanos ya deben tener su opinión sobre que las concesiones municipales recaigan en miembros activos en la política municipal, y directivos, del Partido Popular.
La relativa a El Batel nos parece merecedora de algunas aclaraciones, y más aún cuando la resolución hace expresa referencia a que “aunque se haya empleado el término de subvención en el contrato”, el Ayuntamiento debe pagar, porque se trata de una obligación contractual y no de un subvención, sometida como tal a la Ley General de Subvenciones, y principalmente a su justificación.
La cuestión a la que nos venimos refiriendo es clara, después de gastar más de 60 millones de euros, el triple más o menos de lo presupuestado, ¡ustedes sabrán dónde se ha ido ese dinero!, porque en mi casa y en la del resto de cartageneros las cosas no cuestan el triple de lo que nos presupuestan y pagamos tan alegres, le entregan la concesión a su empresario cultural de cabecera y pasa lo que pasa.
El contrato que ustedes suscribieron con la UTE, supone la entrega de un edificio pagado con el dinero de todos para que sea explotado por una empresa privada y, no contentos con eso, además le pagan un dinero durante cinco años, que podrían ser 10 más, ¿verdad? Y en el contrato lo llaman subvención.
Y, claro, los técnicos financieros municipales leen subvención y creen que es una subvención, el Tribunal de Cuentas opina igual, y pide que se lo expliquen, y en el Juzgado resulta que no, que el Juez, sin entrar al fondo del asunto y cautelarmente, ya tiene claro que el Ayuntamiento de Cartagena se obligó a pagar a la UTE al menos 5 años para que explotara el auditorio, y nos obliga a pagar, antes de la Sentencia, con costas.
Esta concesión que ostentan, por simplificar, los mismos que la del Teatro Circo, concesión que también fue muy facilitada por ustedes, o la Mar de Músicas, supone que D. Pedro Pablo Hernández y su círculo ostenten en Cartagena un monopolio cultural privado, pero que pagamos los cartageneros de modo generoso y engañoso. Y no entraremos aquí al hecho de que el mantenimiento del auditorio se haya llevado en fechas pasadas por la empresa representada por los Púnicos Alonso y Saura, porque ya lo saben y todos lo vamos teniendo claro.
Ante esta situación, contractual y judicial, relativa a las concesiones municipales y muy especialmente a El Batel y demás que forman parte del monopolio cultural concedido por su gobierno, formulamos las siguientes
Preguntas:
¿Conocía el Gobierno municipal y el resto de grupos que participaron en la adjudicación —a saber todos los que están aquí menos MC— que el contrato obligaba incondicionalmente al Ayuntamiento a pagar a la UTE la denominada subvención?
¿Era consciente el Gobierno municipal de que donde aparecía la palabra “subvención” lo que debía decir es “pago obligatorio sin justificación alguna”?
Si como parece, a la vista de las noticias que publican que la Sra. Barreiro ha dado orden de pagar, el Gobierno municipal considera que debe pagar esa “subvención”, ¿por qué los técnicos y el Tribunal de Cuentas creen que debe justificarse y su gobierno no?
¿Exigirán responsabilidades a los redactores del contrato por utilizar una palabra que lleva al error, y digo más, al engaño respecto del pago que debe hacer el Ayuntamiento a la concesionaria?
Finalmente, ¿la intención de su gobierno cuando entregó la concesión de El Batel a la UTE encabezadas por D. Pedro Pablo Hernández, era que las cantidades que durante 5 años —quizás 10 más— debían compensar a la concesionaria en su explotación, se justificaran o fueran incondicionales?
En el primero de los casos, ¿qué y quiénes son los responsables de que no sea así, si ustedes querían que se justificara? ¿Se va a cesar a los responsables políticos de esto?
En el segundo de los casos, ¿su idea de externalizar servicios e instalaciones públicas es la de pagar por ello y que la ciudad no reciba contraprestación? Entonces, ¿cómo devuelven las concesionarias esta generosa cesión de lo público que lleva a cabo su gobierno desde hace años?
Cartagena, a 16 de febrero de 2015
Fdo. José López Martínez
Portavoz Grupo Mixto-Movimiento Ciudadano
