Como ha sido costumbre del Partido Popular, el pasado 11 de diciembre aprobó en solitario, y con la frontal oposición del resto de grupos, la Ley de Seguridad Ciudadana. Se trata de una Ley que todos han dado en adjetivar como “mordaza” puesto que atenta contra el espíritu de la Constitución y que a buen seguro será derogada en la próxima legislatura. Esta ley no sólo no ha contado con el respaldo parlamentario de los partidos de la oposición sino que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por una amplia mayoría de los mismos: el PSOE ha promovido el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana, junto con Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA), UPyD, Compromís-Equo, y Coalición Canaria.
No existe una demanda social para una norma absolutamente innecesaria, que supone un recorte de derechos políticos y civiles recogidos en la Constitución, por lo que lo único que busca el Gobierno es un retorno al estado policial.
Con ello el PP demuestra ser un partido retrógrado, al que la democracia le viene grande, y que legisla en modo absolutista, aprobando recortes en derechos y libertades en cada Consejo de Ministros que se celebra.
Es evidente que el Gobierno tiene miedo a la contestación social, le molesta y convierte en sospechosa a la ciudadanía que protesta. La ley “mordaza” es una ley desmesurada y desproporcionada, tanto por las restricciones que contempla como por el agravamiento de las cuantías de las multas. Busca castigar más, ofreciendo menos garantías jurídicas a la ciudadanía.
Con esta ley, por citar varios ejemplos, se podrá castigar con hasta 30.000 euros una manifestación para impedir un desahucio o con hasta 600 euros las faltas leves, que son las más comunes. Se podrá multar a quien difunda imágenes de antidisturbios golpeando a manifestantes, o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a mostrar el DNI. Además, quienes participen en una manifestación espontánea, esto es, no notificada previamente a la Delegación del Gobierno –cosa que ocurre en el 50% de las protestas- podrán ser también multados.
Al Gobierno del PP le molesta la gente en la calle, pero el problema no son los ciudadanos y ciudadanas que critican la acción del Gobierno y sus políticas antisociales. Si quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, lo que debe hacer es rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero no arremeter contra el ciudadano que protesta en la calle. Con esta ley, el PP demuestra que no acepta el derecho a la queja y a la discrepancia.
Es evidente que con la excusa de la crisis, el PP ha recortado los derechos sociales. Ahora, con la excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades políticas y civiles, creando nuevas brechas sociales. Un nuevo recorte de derechos que se suma a los ya perpetrados durante estos tres años del PP en educación, sanidad, derechos laborales, justicia.
Tanto el Partido Socialista como desde Movimiento Ciudadano seguiremos trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, impulsando desde los municipios las prestaciones necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinserción social de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Medidas de prevención que, desde los ayuntamientos, pueden asegurar el deseable bienestar de nuestra ciudadanía y el aseguramiento de sus derechos y libertades, y ayudar a “minimizar” el efecto de la mal llamada Ley de Protección de Seguridad Ciudadana.
Por estas razones planteamos que el PP retire la “ley mordaza” porque lima la cohesión social, cuestiona frontalmente el Estado de Derecho y limita los derechos y las libertades de ciudadanía que hemos conquistado en estos años de democracia desde que se aprobó la Constitución en el año 1978.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de CARTAGENA someten a votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada y en la que se insta al Gobierno de España a:
Retirar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) porque restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y las libertades de nuestra ciudadanía y representa un ataque frontal a nuestro Estado de Derecho.
Cartagena, a 10 de agosto de 2015