12 Feb, 2016

La labor de MC brinda a los tribunales otra oportunidad de aclarar la trama nacida a la sombra de Barreiro

Esta semana se ha conocido que un Juzgado de Cartagena investiga las operaciones de crédito que se dieron entre sociedades vinculadas a la promotora ‘Residencial Puerta Nueva’.
Desde la oposición, MC insistió durante años en la existencia de una trama corrupta en la que los hermanos Alonso se beneficiaban de operaciones realizadas con el Ayuntamiento de Cartagena presidido por Pilar Barreiro. Para demostrarlo, trabajamos con determinación junto a nuestros servicios jurídicos.

El resultado de este trabajo se refleja hoy en la Operación Púnica, donde figura como imputado José Antonio Alonso Conesa, cabecilla de una trama corrupta. También se evidencia en el procedimiento judicial abierto en los tribunales de Cartagena en relación a la ejecución de operaciones de crédito entre sociedades vinculadas a RESIDENCIAL PUERTA NUEVA DE CARTAGENA, S.A.

Tal y como llevamos años exponiendo, la actual senadora del PP y durante 20 años alcaldesa de este municipio, se situó a sí misma como garante, siendo parte del Consejo de Administración de la promotora, del dinero que había de percibir el municipio a través de la sociedad municipal CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. Durante ese tiempo, Barreiro facilitó, con su firma rubricando las cuentas de la sociedad, que de Puerta Nueva salieran varios millones de euros repartidos como préstamos entre socios, dinero que nunca volvió a su origen.

Cuando Barreiro se fue no designó sustituto alguno. Quizás se vio incapaz de encontrar a alguien capaz de prestarse a lo que ella hacía, o simplemente sentía miedo a que alguien se diera cuenta. En MC sostenemos que ambas razones motivaron su proceder.

Lo cierto es que, a pesar de esos años de oscurantismo, dejación de responsabilidades y perjuicios económicos al municipio, además de haber destrozado la vida de cientos de familias expropiadas, ahora los tribunales comienzan a preparar la factura para ella y sus compañeros de proyecto en el Barrio Universitario.

El juzgado de instrucción 1 de Cartagena ya ha citado a declarar como investigados a Jesús Espelosín y Agustín Alonso, entre otros, en relación con un delito de alzamiento de bienes, concretamente 2 millones de euros, aproximadamente la cantidad que PUERTA NUEVA adeuda a CASCO ANTIGUO, debido a que Barreiro y los suyos no la reclamaron durante 5 años.

La operación investigada consiste en el hecho de que una de las empresas beneficiada de los préstamos anteriormente citados no devolvió el dinero a PUERTA NUEVA, el mismo que había de volver a las arcas municipales. Al contrario, firmó un documento, fechado en marzo de 2011, por el que cedía diversos créditos en pago de dicha deuda, créditos que nunca se abonaron porque eran de sociedades que, en pocas fechas, y de modo muy oportuno, entraron en liquidación o en concurso de acreedores.

Fruto de las exigencias de José López, entonces concejal en la oposición y hoy alcalde de Cartagena, se abordó este asunto en el Consejo de Administración de CASCO ANTIGUO que presidía el actual portavoz del PP en el consistorio de Cartagena, Francisco Espejo. Un informe jurídico de los abogados de MC en el que se describían los posibles delitos y se anunciaba la posible responsabilidad civil de los consejeros de CASCO ANTIGUO si no se interponía la denuncia fue la razón que obligó a la presentación de la denuncia ante la Fiscalía, que, obviamente, la remitió al Juzgado para su investigación.

La declaración de Agustín Alonso y sus compañeros de asuntos en Cartagena ante un juzgado penal no es motivo de alegría para MC, sino una consecuencia de sus actuaciones turbias en desarrollos urbanísticos amparados por el PP y Barreiro. Esperamos que este proceso no acabe ahí y que los millones de euros que les pertenecían a los cartageneros y que se han perdido en operaciones poco claras y muy lucrativas para los hermanos Alonso y sus afines vuelvan a las arcas municipales, exigiendo también las correspondientes responsabilidades a quienes como Barreiro consintieron estas actuaciones lesivas para el municipio.

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