Esta mañana, el Palacio Consistorial ha acogido la celebración del Pleno ordinario del mes de junio del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, bajo la presidencia del alcalde, José López (MC). Con anterioridad, en sesión ordinaria, la Junta General de Accionistas de Casco Antiguo de Cartagena S.A. ha aprobado las cuentas anuales de la sociedad municipal correspondientes al año 2015.
Al comienzo del Pleno, los grupos políticos han aprobado, de manera unánime, una moción para que se apueste de manera decidida por la protección del Mar Menor, un texto que incide en la necesidad de propiciar la absoluta implicación de todas las administraciones para paliar los graves problemas que, a día de hoy, sufre la laguna salada.
De este modo, Cartagena, el municipio que cuenta con más extensión de costa del Mar Menor, exige la involucración del resto de administraciones para recuperar una de las principales fuentes de riqueza de la Región.
Así, el Pleno ha instado a la Comunidad Autónoma a que se elabore y apruebe el Plan de Gestión de Espacios Protegidos de Mar Menor y de la Franja Litoral Mediterránea de la Región; también a que se tramite una Ley de Gestión Integral del Mar Menor; que se disponga, en un plazo de dos años, de una red suficiente de filtros verdes en los alrededores del Mar Menor; que el Gobierno regional realice un Plan de Sostenibilidad Ambiental del Regadío intensivo del Campo de Cartagena, encaminando este objetivo a conseguir el vertido cero de fertilizantes; que el Consejo de Gobierno de la CARM solicite a la Confederación Hidrográfica del Segura una investigación sobre la descontrolada expansión de regadíos en el sur de la laguna del Mar Menor; a que la CARM potencie la sostenibilidad de la actividad agraria en el Campo de Cartagena, fomentando la agricultura ecológica, la integrada, la extensiva, etc.; que la Consejería de Agricultura actúe sobre los cultivos de regadío y las tierras en roturación que ha facilitado la aparición de inundaciones y escorrentías en Los Nietos; que la Comunidad Autónoma garantice la máxima transparencia y participación ciudadana en el gasto de la asignación de la Unión Europea en el marco de la Inversión Territorial Integrada (ITI) para el Mar Menor; a que la CARM, asimismo, encargue un estudio científico elaborado por especialistas de las universidades de la Región, donde se identifiquen los males del Mar Menor y se dispongan las soluciones, priorizando las más urgentes.
La moción aprobada para la protección del Mar Menor contempla el compromiso del Pleno de vigilar, de forma rigurosa, que todos los desarrollos urbanísticos que afecten al Mar Menor cuenten con informe de impacto ambiental favorable y no supongan ninguna amenaza añadida a la situación ambiental de la laguna, además de evaluar y corregir el estado de la red de saneamiento, con especial atención en alcantarillado y colectores.
Por último, el Pleno ha determinado considerar prioritario intervenir de forma urgente en la eliminación de aquellas infraestructuras que supongan un obstáculo a la dinámica sedimentaria de la ribera interna de la laguna; suspender inmediatamente los dragados, regeneraciones y limpiezas de playas que implican la extracción de arena del fondo marino, sustituyendo estas prácticas por otras alternativas que no dañen el ecosistema marino, así como la necesidad de consensuar todas las actuaciones con los distintos agentes sociales y llenar de contenido y participación las instituciones ya existentes centradas en el tema, como la Oficina Técnica del Mar Menor (recogida en los Presupuestos de 2016) o el Consejo Asesor del Mar Menor.
Visto bueno para la aplicación del superávit de 2015
Del mismo modo, el Pleno ha dado su aprobación para la modificación del Presupuesto General de 2016, acordándose la aplicación del superávit de 12,1 millones de euros registrados en la liquidación presupuestaria de 2015 al pago de diversas obligaciones y a la amortización de parte de la deuda municipal. Se trata del remanente de tesorería en 2015, es decir, la diferencia resultante de los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos a 31 de diciembre, que asciende a 12.182.000 euros.
En concreto, se aplicarán 10.144.044 euros a abonar obligaciones de cumplimiento prioritario y obligatorio, anterior a la amortización de la deuda. Entre esas obligaciones se encuentran la incorporación de remanentes de crédito; reconocimientos extrajudiciales de créditos sin consignación presupuestaria; el remanente de tesorería negativo de la Rifa Benéfica Casa del Niño; la formalización débitos y créditos del edificio administrativo de San Miguel con Casco Antiguo y la recuperación del exceso abonado por este mismo concepto a Casco Antiguo; la dotación de un crédito suplementario para el contrato de recogida, vigilancia y custodia de animales; el pago del justiprecio de la expropiación de la Ronda Transversal y el cumplimento de diversas sentencias en material laboral.
Tras deducir esas cantidades el Ayuntamiento destinará algo más de dos millones de euros a amortizar la deuda de los préstamos ICO, que le mantiene dentro del Plan de Ajuste, y que en la actualidad se sitúa en unos 23,45 millones de euros.
La revisión del PGMOU, a información pública
El Pleno ha acordado someter a información pública el Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU). El alcalde, José López, comunicó, el pasado lunes, tras la reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras, que el período de información pública se extenderá “a dos meses”, y no solamente a uno como marca la Ley, además de añadir que “se apreciarán todos los recursos, se contestará a las alegaciones y se enviará el documento a la Comunidad Autónoma para que lo aprueben y, así, volver a tener funcionando un Plan de Ordenación Urbana”.
La revisión del PGMOU es una medida necesaria para el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 15 de junio de 2016, motivada por un error de tramitación en la administración regional.
La adecuación del PGMOU busca dotar de la máxima seguridad jurídica a la ciudad de Cartagena y que el Ayuntamiento disponga de un plan general adaptado a los niveles de protección y exigencias propias del año 2016 ya que, mientras tanto, es de aplicación el plan del 87.
Gratuidad aparcamiento del Hospital Santa Lucía
El Pleno del Ayuntamiento ha determinado instar al Gobierno regional a establecer la gratuidad del aparcamiento del Hospital Santa Lucía. En esta línea, se solicitará que, en julio de 2017, momento en el que finaliza la actual concesión, la CARM no promueva una nueva licitación y, de este modo, la gestión y explotación del servicio sea 100% público y gratuito para el usuario.
En otro orden de cosas, el Pleno ha manifestando el compromiso de la Corporación municipal con la garantía de los derechos fundamentales de las personas y de la democracia en Venezuela. También, se ha dado luz verde a que el Ayuntamiento inicie los trámites para solicitar al Comité Internacional de Europeade y demás órganos competente la celebración de esta cita en la ciudad de Cartagena en el año 2019. El Europeade es un evento cultural internacional en el que cada año promueve la unidad europea y el respeto a la diversidad e identidad cultural.
Otros acuerdos
Con anterioridad a la formulación de los ruegos, preguntas y mociones del Pleno Ordinario, el Pleno ha emitido una declaración institucional de reconocimiento a la figura de quien fuera primer presidente de la Región, Andrés Hernández Ros, fallecido el pasado 26 de junio, transmitiendo el pésame a sus familiares y acordando designar una calle del municipio a su nombre.
Igualmente, se ha aprobado la declaración de las festividades locales para el año 2017 en el municipio (Viernes de Dolores y Viernes de Carthagineses y Romanos); la adaptación a las nuevas tecnologías del Reglamento de Inspección y Organización de Servicios del Ayuntamiento de Cartagena; el Reglamento que regula la política de firma y sello electrónicos y de certificados del Ayuntamiento de Cartagena y la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante o no Sedentaria en el término municipal de Cartagena, tras resolverse las alegaciones formuladas durante el periodo de exposición pública.