En relación a las críticas emitidas por el Grupo municipal Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) ante la puesta en marcha de los Presupuestos Participativos para 2017, la concejal delegada de Hacienda, Isabel García (MC), ha aclarado que el impulso a “la experiencia piloto para la implantación de los Presupuestos Participativos de 2017” se debe a que “esperar a los resultados de la mesa que trabaja en la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana hubiera supuesto no ponerlos en marcha el próximo año”.
García ha reiterado que “ya expliqué a los grupos políticos que era un primer paso que se iría enriqueciendo con las aportaciones de todos”.
La concejal ha llamado la atención sobre el hecho de que determinadas formaciones no “atiendan a otras razones que no sean las suyas”, recordando que, en el pasado Pleno, CTSSP se abstuvo en la modificación de la modificación de ordenanzas para 2017, lo que puso en riesgo la bajada de impuestos, tasas y precios públicos.
Isabel García ha reiterado que “las propuestas las pueden realizar, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, tanto los colectivos como las personas individuales, siendo, evidentemente, el voto personal e intransferible”. Igualmente, ha indicado que “seguro que esta primera experiencia será mejorable, por lo que espero de Cartagena Sí Se Puede sus propuestas, legales y coherentes, tanto en los Presupuestos Participativos como en el resto de los ámbitos municipales”.
Además, la responsable de Hacienda ha señalado que “la bajada de impuestos es sostenible en el tiempo y fruto de un trabajo riguroso y responsable”, recordando el hito que ha supuesto para el Ayuntamiento la cancelación del conocido ‘Plan de Ajuste’, al lograr la amortización anticipada total de los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que fue concedido en 2012 por importe de 35,3 millones para hacer frente al pago de proveedores.
Cabe recordar que la mencionada amortización anticipada supone que el presupuesto de 2017 presente un superávit de casi tres millones y medio de euros. Debido a la necesidad de ajustarse a la Regla de gasto’ que establece la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Gobierno municipal tenía la posibilidad de destinar ese dinero a hacer amortizaciones anticipadas de los demás préstamos o bajar los impuestos, siendo esta última opción por la que ha optado el Ejecutivo local al objeto de rebajar la presión fiscal que deben afrontar los vecinos.