Los colegios de Procuradores y Abogados se suman, de esta forma, a la postura mostrada por MC
El alcalde, José López (MC), ha comparecido esta mañana, en la Sala de Prensa del Palacio Consistorial, acompañado por el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, y la decana del Colegio de Procuradores de Cartagena, Milagrosa González, para abordar la creación de los juzgados uniprovinciales dirigidos para el examen y conocimiento de las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios. También ha estado presente el portavoz del Grupo municipal MC,
MC ya mostró su disconformidad, durante el pasado mes de abril, con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) de poner en marcha un juzgado que se dedique, en exclusividad, a las denuncias relativas a desahucios y cláusulas suelo. El nuevo juzgado se ubicará en Murcia. Los colegios de Procuradores y Abogados se suman, de esta forma, a la postura mostrada por MC.
Esta decisión supone que las personas que se encuentren con problemas en su hipoteca o que se enfrenten a un desahucio en el municipio de Cartagena y en el resto del partido judicial, deban desplazarse, desde este verano, a la ciudad de Murcia. Esta arbitraria medida actúa en contra de la situación de necesidad que mantiene este colectivo.
El partido judicial de Cartagena, que engloba a los municipios de Cartagena, San Javier, Fuente Álamo y La Unión, da servicio a 400.000 personas.
López ha denunciado que “se centralice en una sola ciudad los problemas de una Región entera”, resultando perjudicados “los más desfavorecidos económicamente, que tendrán menos acceso a solicitar que se le devuelvan las cláusulas suelos”.
“Como siempre, pagan mucho más los que menos tienen; así es como entiende el Partido Popular la justicia gratuita, la justicia para todos”, ha afirmado el alcalde.
Colegio de Procuradores, sobre la medida, “es inasumible”
Por su parte, la decana del Colegio de Procuradores de Cartagena, Milagrosa González, ha comenzado su intervención reseñando que “tratamos la creación de un solo juzgado de carácter uniprovincial en relación con los asuntos a la declaración de cláusulas abusivas, pero no sólo cláusulas suelo, sino también intereses moratorios, de vencimiento anticipado y de reclamación de gastos hipotecarios”.
González ha destacado que “no es necesaria la creación de un juzgado uniprovincial para dar salida a estos procedimientos, sino que puede ser asumido por los 54 juzgados de la Región”.
“Lo que se pretende es, sin perjuicio de la creación del juzgado en la capital, que en los partidos judiciales de Cartagena, Lorca, San Javier y Molina se designe un juzgado que conocerá de este tipo de materia de contratación y que sobre la marcha, según el volumen de asuntos, bien se mantenga el conocimiento de todos los procedimientos que tienen hasta la fecha y, posteriormente, incluso eximirles de nuevos asuntos y otorgarle exclusivamente éste. Y si fuera necesario, destinar un juzgado de apoyo”, ha argumentado.
La decana del Colegio de Procuradores de Cartagena ha manifestado que “una de las principales preocupaciones es asegurar el concepto de justicia gratuita. Esto es inasumible”, ha lamentado. Por último, ha recordado “el problema añadido que supone para el profesional la limitación de tiempo para la presentación de las demandas de justicia gratuita que se le encarguen, de conformidad con los plazos que establecen las sentencias del Tribunal Supremo”.
Colegio de Abogados de Cartagena, “una medida que afecta a la ciudadanía, hay que parar esto”
El decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, ha explicado que se estima que “en España hay seis millones de hipotecas, de las que 1,5 millones resultan conflictivas, es decir, esas personas pueden acudir a los tribunales de justicia a solucionar que se les devuelva el dinero si los bancos no lo devuelven”. Según este cálculo, en Cartagena existen 6.400 de estas hipotecas y en la Región la cifra se eleva a 45.000, que serían objeto del juzgado que planea el TSJ.
Muelas se ha preguntado que si un juzgado “saca unos mil asuntos al año, cuánto tardaría el juzgado provincial en sacar 45.000”. El decano del Colegio de Abogados de Cartagena ha rechazado esta medida que “afecta a la ciudadanía, hay que parar esto antes del 1 de junio”.