25 Jul, 2017

El Pleno acuerda una reprobación histórica a los responsables políticos del PP por el sobrecoste del Auditorio El Batel

MC, satisfecho porque la labor de fiscalización iniciada hace dos años siga dando sus frutos

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha celebrado esta mañana, en el Palacio Consistorial, sesión ordinaria correspondiente al mes de julio. Durante el mismo, se ha dado lectura al dictamen de la Comisión de Investigación del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel por el que se reprueba la actuación de los responsables políticos que tomaron parte de la tramitación de la obra para la construcción de este edificio, debido a las actuaciones ejecutadas a lo largo de este proceso, así como las continuas omisiones. Todo ello originó un grave daño para las arcas municipales.

De esta forma, dictamen emitido por la Comisión de Investigación que ha estudiado el sobrecoste en la construcción del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel censura la labor desarrollada por los cargos políticos que intervinieron en la obra, con especial incidencia en quiera fuera alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro (PP).  Además, se solicita a la Asesoría Jurídica Municipal que emita informe sobre la viabilidad jurídica relativa a la exigencia de posibles responsabilidades, tanto al arquitecto director de la obra como a la empresa contratista.

MC exige que se estudien responsabilidades ante el despilfarro de las arcas públicas

Durante su intervención, la portavoz de MC, Isabel García, ha señalado que “nuestro grupo considera que ha quedado demostrado que en el sobrecoste hay que exigir responsabilidades técnicas y políticas, además de las que puedan proceder de valorar las conclusiones por la Asesoría Jurídica”.

García ha manifestado que “las personas cuya actuación no ha sido ajustada a sus deberes con el interés público y la normativa han sido José Selgas; Pilar Barreiro (PP); Gabriel Ruiz (PP); María de los Ángeles Palacios (PP);  José Cabezos (PP); José Vicente Albaladejo (PP); el director del área de Urbanismo en el momento en que se inició la obra y la UTE”.

“Dichas responsabilidades viene motivadas por estas consideraciones; hay una notable falta de previsión y gestión en la obra lo que ha provocado un sobrecoste. También nos cuestionamos la decisión política de la ubicación del Auditorio, decisión a todas las luces erróneas, dándose vía libre al proyecto sin recabar las consideraciones técnicas municipales a pesar de los evidentes riesgos de la ubicación”.

Del mismo modo, el procedimiento ensayo error llevado a cabo provocó “distintas modificaciones sobre lo proyectado, entendiendo que hay una clara responsabilidad del autor del proyecto y también de los responsables políticos, pues el Ayuntamiento era el promotor y, por tanto, el responsable directo, y no se crea la Comisión de Seguimiento hasta que se ha consumado los graves daños para las arcas públicas”.

“Ha quedado demostrado que se conocía la necesidad de un modificado del proyecto antes del inicio de las obras y ni el director facultativo ni el contratista lo reflejaron. La razón es evidente: habría dado lugar a la suspensión del inicio de las obras  y, por tanto, a la resolución del contrato”. “Pediremos a la Asesoría Jurídica Municipal que valore nuestras conclusiones para, en su caso, informe del inicio de acciones legales, judiciales, o a través de la Fiscalía contra los responsables políticos, además de los técnicos y, en especial, al señor Selgas, por el probado perjuicio a las arcas municipales y a la tramitación”, ha afirmado Isabel García.

“Solicitaremos a la Asesoría Jurídica que estudie si los hechos y la participación de los distintos actores son susceptibles de los delitos de falsedad en documento público, prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración, con la reclamación de las responsabilidades civiles que puedan derivarse”, ha concluido García.

Cabe recordar, por último, que el presupuesto inicial para la construcción del Auditorio estaba fijado en 20 millones de euros, llegando el gasto final a más de 63 millones.

Adhesión a la iniciativa de MC para que se desbloquee la declaración de BIC del faro de Cabo de Palos

MC ha conseguido que el Pleno se adhiera a la solicitud de la formación cartagenerista al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que se desbloquee el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, para el faro de Cabo de Palos (Cartagena).

El concejal del área de Cultura y Patrimonio, Ricardo Segado (MC), ha detallado que, por resolución de 1 de julio de 2002, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la CARM acordó incoar expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento, a favor del faro de Cabo de Palos en Cartagena, conforme se publicó en el BOE del 2 de agosto de 2002. A pesar de ello, ha explicado que “según ha podido comprobar este grupo municipal, el expediente anteriormente mencionado no ha avanzado durante estos 15 años transcurridos desde entonces”.

El edil ha añadido que “la razón del estancamiento del expediente no debe estar en las dudas sobre la protección del faro de Cabo de Palos y su entorno, puesto que en los archivos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando existe expediente relativo al faro, que incluye el informe emitido el 14 de diciembre de 1984 a instancias de la Consejería de Cultura de la CARM, que por resolución del 2 de julio de 1984 acordó asimismo incoar el expediente de ‘declaración de monumento histórico-artístico a favor de El Faro de Cabo de Palos en La Manga del Mar Menor, de Cartagena’”.

Segado ha manifestado que “MC se dirigió por escrito el pasado día 7 del presente mes a la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para que se reconozca como BIC el Faro de Cabo de Palos y su entorno”, añadiendo que “este reconocimiento debía haberse efectuado hace décadas, pero se hace aún más necesario en el presente por el avance de proposiciones no de ley relativas a los usos futuros del inmueble, que siempre deberán quedar supeditados en su ejecución al respeto al patrimonio histórico y natural al que vienen referidas”.

Por último, ha aclarado que “conforme al artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el expediente está abierto”.

La ejemplar actuación de la portavoz de MC

Durante el orden del día, se ha dado lectura a la dación de cuenta sobre el cambio en la portavocía realizado por el Grupo municipal MC, una decisión planificada desde el inicio de la legislatura y que responde, además, a una reorganización interna de las tareas asignadas a los componentes del Grupo municipal.

Hace escasas fechas se daba a conocer que la nueva portavoz del Grupo municipal MC, Isabel García, renunciaba a una retribución que le pertenece por derecho y de la que disfrutan el resto del portavoces de los grupos políticos del Consistorio (PP, PSOE, Cartagena Sí Se Puede y Ciudadanos), que reciben por ello 58.000 euros brutos.

A García le  correspondería percibir su asignación como portavoz, ya que se trata de una cuantía consignada en el presupuesto general del Ayuntamiento. O lo que es lo mismo, si la edil no hubiera renunciado voluntariamente, percibiría esta cantidad desde el próximo mes. Pero no lo hará.

La edil, consciente de las limitaciones presupuestarias que viene impuestas por la normativa estatal en cuanto al incremento de gasto se refiere, en una decisión marcada por la coherencia y la responsabilidad política, ha decidido no percibir dicha asignación y comenzará a desempeñar la labor sin retribución.

De esta forma, mientras que Isabel García, como edil y portavoz de MC percibirá 47.000 euros brutos anuales, el resto de portavoces de los Grupos municipales con representación en el Consistorio recibirán 58.000 euros brutos.

Solicitud a la CARM para que potencie en Cartagena la oferta del Centro de Profesores y Recursos ‘Enrique Martínez Muñoz’

El Pleno municipal ha respaldado una moción de MC para instar a la CARM a que potencie la oferta del Centro de Profesores y Recursos (CPR) ‘Enrique Martínez Muñoz’, ubicado en Cartagena desde el año 1992.

Estos centros se concibieron con el propósito de mejorar la atención al alumnado por parte del profesorado no universitario, ofreciéndoles a estos últimos un espacio y unos recursos para poder organizar seminarios y grupos de trabajo especializados destinados a desarrollar el aprendizaje entre iguales.

El concejal del área de Cultura y Patrimonio, Ricardo Segado (MC), ha explicado que el CPR, situado junto al IES Politécnico, ha sido desde su inauguración “un referente en cuanto a la actualización profesional y las estrategias didácticas para los docentes de la Comarca de Cartagena”, lamentando que “el centro se encuentre prácticamente en desuso debido al desinterés del Gobierno regional, organismo que tiene las competencias desde que le fueran transferidas por el Ministerio de Educación y Ciencia”.

En esta línea, ha indicado que “actualmente apenas se imparten cursos allí porque toda la formación se hace online o de forma presencial en la ciudad de Murcia. De igual forma, los equipos informáticos han sido retirados, como la mayoría del material audiovisual, los cuadros, parte de la biblioteca y la documentación”. Del mismo modo, ha añadido Segado, “no se cubrió la baja laboral de su conserje cuando se dio el caso”.

Durante muchos años el CPR de Cartagena ha sido puntero en estrategias didácticas, llegando a atender en sus instalaciones al profesorado de La Unión, Fuente Álamo, Los Alcázares, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar, además de la propia Cartagena, denunciando Ricardo Segado, por último, “la potenciación del CPR situado en la ciudad de Murcia, en detrimento de los centros situados en otras localidades de la Región que, como en el caso de Cartagena, descentralizaban este recurso ahora concentrado de forma clara en Murcia dentro de su afán acaparador y dinámica usurpadora, que en tantos otros casos hemos sufrido”.

 

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