MC Cartagena propondrá al Pleno sacar del cajón el estudio de costes municipal para que la revisión de la tarifa del agua sea legal

Durante el Pleno municipal del próximo lunes, MC Cartagena propondrá al resto de grupos políticos que acompañen a la formación cartagenerista a recuperar la senda de la legalidad y del criterio técnico en el proceso de revisión de la tarifa del agua.

De esta forma, MC pedirá el respaldo del Pleno para que la alcaldesa socialista impulse la aplicación del estudio de costes municipal emitido por dos funcionarios, lo que derivaría en una nueva tarifa. Así, se daría continuidad al trámite de oficio iniciado el 1 de junio de 2017 en Junta de Gobierno, obviado tras la negociación de Castejón con la concesionaria, cuyo acuerdo impuso el 29 de diciembre.

En este punto, MC expondrá la necesidad de instar a la Junta de Gobierno, previa tramitación legal por medio de los servicios municipales que procedan, a que apruebe en virtud del ejercicio de la potestad tarifaria de la administración, y al amparo de los razonamientos que obran en el expediente aprobado por la Junta de Gobierno, una tarifa del agua con carácter transitorio.

La misma deberá regir en tanto en cuanto se resuelva la relación contractual por el recurso colectivo presentado en 2004 contra la ampliación del servicio del contrato del servicio municipal de aguas; la liquidación de los superávits; la aplicaciones de tarifas, posibles sobrecostes, etc.

Todo ello deberá traducirse en una sensible rebaja de la tarifa, desechando las actuales prácticas negociadoras de la Alcaldía a espaldas de la legalidad y de los ciudadanos.

La tarifa transitoria, que estaría ajustada a los estudios municipales de costes, permitiría a los cartageneros pagar menos por el agua, con la certeza de no abonar sobrecostes como ha venido sucediendo al aplicar propuestas de la concesionaria.

Y es que la sola aplicación de las liquidaciones como amortización de deuda, y no realización de obras nuevas, provocaría una bajada de tarifas mayor que la ‘apañada’ por Castejón y su socio Manuel Padín.

De materializarse la propuesta de MC, el resto de grupos políticos de la Corporación coadyuvarían en dar carpetazo a la disparatada espiral iniciada por la alcaldesa, quien ya ha reconocido que su anunciada rebaja de 29 de diciembre fue irregular, despreciando las más elementales garantías y trámites al dar por buenos los datos de la concesionaria que, en ningún caso, son coincidentes con los del estudio municipal.

Al mismo tiempo, se evidenciaría el respeto institucional a dos años de trabajo de los técnicos municipales, ciñendo la actuación a los trámites legales más garantistas.

Estudiar la gestión directa y liquidaciones con la concesionaria del servicio de aguas

También, el próximo lunes, MC presentará otra propuesta en la que se proyecta instar al Gobierno local a estudiar las fórmulas de gestión directa e indirecta, con prioridad a la primera, del servicio municipal de abastecimiento de agua, ante la inminente estimación de la nulidad de la prórroga acordada en el Pleno de 2003, que supuso una prórroga de 25 años de la concesión. Cabe recordar que la alcaldesa continúa retrasando la resolución del recurso colectivo contra la citada modificación contractual, en vigor desde el pasado 27 de diciembre.

La formación cartagenerista estima que debido a que las resoluciones deben ser motivadas, es más que probable su estimación, por lo que nos encontramos en una coyuntura idónea para elegir y decidir qué forma de prestación de este servicio es más favorable a los intereses de los vecinos. No obstante, MC remarca su prioridad de impulsar una gestión directa del servicio a través de los más cualificados funcionarios municipales, conocedores algunos de ellos de los pormenores del contrato y el servicio público desde hace más de treinta años.

El texto, además, contempla exigir el impulso y agilización de las liquidaciones por superávit de años anteriores (al menos entre 2011 y 2017), la incorrecta aplicación de tarifas y sobrecostes en general al objeto de determinar la cantidad que la concesionaria adeuda a los cartageneros.

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