Esta mañana, la concejal del Grupo municipal MC Cartagena, María José Soler, ha explicado la demanda interpuesta ante el Juzgado de lo contencioso nº1 de Cartagena para que “se restaure la legalidad en la Junta Vecinal Municipal de Los Dolores y se reconozca como presidente al vocal de MC, Rafael Rodríguez Vizcaíno”.
La reclamación de la formación cartagenerista se sustenta en el voto emitido por una vocal del extinto grupo socialista, empleada de Alcaldía en la actualidad, y que no cumple ninguno de los requisitos para ser admitida como vocal de la Junta Vecinal, ya que ni está empadronada en el barrio, ni mantiene residencia alguna allí, además de no desempeñar su labor profesional en Los Dolores.
Conviene recordar que ese voto finalmente resultaría decisivo pues sin el pronunciamiento de esta vocal, el resultado hubiera sido de empate a cuatro. Este hecho hubiera llevado la elección de la presidencia a una segunda votación, en donde se determina que “en caso de no tener mayoría absoluta en la primera votación resultará elegido y propuesto quien gane la elección por mayoría simple, y en caso de empate quien cuente con mayor voto popular (MC Cartagena)”.
En este sentido, Soler ha recordado que “nuestra formación cuenta con cuatro de los nueve vocales. Para cambiar el resultado de la votación, Castejón y el PP nombraron vocal a una empleada de Alcaldía que no cumple los requisitos”.
Posteriormente, la dirigente cartagenerista ha valorado que “se trata de una actuación ilegal por la que hemos solicitado el amparo judicial, pues el Ayuntamiento se ha negado a estimar nuestro recurso y mantiene a Juliana Pérez Otón (PP) ocupando una Presidencia que no le corresponde y que no atiende”.
Brazos caídos
En relación a la actividad de la Junta Vecinal, María José Soler ha lamentado que “en casi año y medio de legislatura se ha reunido apenas dos veces, no atienden a los vecinos y todo hace indicar que el presupuesto quedará sin gastar, todo ello con un fraude a la democracia de por medio que la mantiene en el sillón, única inquietud del PP y de toda La Trinca”.
“Esperamos que los tribunales obliguen al Gobierno local, una vez más, a cumplir la Ley. Una lección más que tendremos que darles porque por las buenas son incapaces de cumplir sus obligaciones y atender a los vecinos”, ha finalizado la concejal cartagenerista.