Las políticas centralistas del Gobierno regional no dan tregua ni en plena pandemia. En el día de ayer el diario La Verdad informaba de que el avance de la segunda ola de la pandemia de la COVID-19 ha provocado que sean derivados pacientes de las áreas de Murcia y el Noroeste al hospital Santa Lucía de Cartagena.
De esta forma, la obcecación de San Esteban en no cumplir la Ley regional que les obliga a abrir al 100% el Hospital del Rosell conlleva que el Hospital Santa Lucía deba soportar una presión que no se corresponde con el estado de Cartagena, municipio que, según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud, es el segundo menos afectado en la Comunidad Autónoma en lo que respecta a la incidencia acumulada del virus por cada 100 mil habitantes en los últimos siete días.
Al respecto de esta situación, la concejal de MC Cartagena, María José Soler, ha denunciado que “el empeño del Gobierno regional de mantener cerrado el Rosell y no cumplir la Ley que les obliga a su pleno funcionamiento ha acabado por pasar factura a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma”.
“El resultado de no disponer de dos hospitales a pleno rendimiento en Cartagena nos lleva a un grave aumento de la presión hospitalaria, improvisación en las medidas y pasos atrás, además de no poder ofrecer al resto de la Región mejores medios para luchar juntos contra la pandemia”, ha explicado Soler.
La edil ha recordado que “la solidaridad de los cartageneros es indudable; hemos llegado a pagar desde el Ayuntamiento camas de UCI en la primer ola. San Esteban corresponde manteniendo cerrado el Rosell, sin personal y consigue que en la segunda ola toda la Región padezca el cierre del Rosell”.
María José Soler ha continuado reclamando al Gobierno regional “políticas eficaces que sustituyan su obsesión por apretar la soga a los cartageneros, promoviendo la eficiencia y la solidaridad. El Rosell es un hospital, no un plató y, como tal, debe estar dotado de todos sus medios y en funcionamiento”.
“Este déficit sanitario viene acompañado de más centralismo, el que impide a los gobernantes regionales aprovechar los cierres perimetrales para adaptar las medidas a cada municipio. Cartagena es el segundo municipio con menor incidencia del virus y se nos aplica la tabla rasa. Es lógico que desde varios sectores ya se clame contra esta arbitrariedad y se reclamen medidas ajustadas a la incidencia, algo que afectaría a la capital y que muchos ven como la razón para que no se haga. Veremos si lo revisan en pocos días”, ha concluido la concejal cartagenerista.