Los hosteleros del municipio siguen sufriendo el desamparo provocado por la irresponsable actuación del Gobierno local, como ha señalado esta mañana el portavoz adjunto cartagenerista, Jesús Giménez, “ha pasado el plazo de tres meses para resolver las ayudas que anunció el Gobierno local a los hosteleros y no han cobrado”.
“Como alertamos, la ayuda viene con ‘astillas’, en concreto, les quieren cobrar cinco meses por las terrazas en 2020”, ha continuado explicando Giménez. En concreto, “los primeros tres son la ‘tasa Arroyo’, quien anunció que no cobraría nada en 2020 antes de que la concejal de Hacienda, Esperanza Nieto, la desmintiera fijando el pago de enero a marzo”.
“Lo que no dijo Nieto y ha llegado ahora por sorpresa es que, según los primeros cálculos, quieren cobrar hasta mayo, porque el Bando que dictó Castejón el 20 de marzo de 2020, que declaraba inhábiles los días de estado de alarma, no se aplicaría”, ha puesto de manifiesto.
Giménez ha reseñado que “a falta de las últimas comprobaciones, sabemos que Arroyo cobra a los hosteleros por ayudarles, que a algunos incluso les puede salir a pagar la ayuda anunciada y que una parte sería porque la resolución de Castejón resultaría ilegal”.
Ante esta situación, ha avanzado que “en el próximo Pleno municipal preguntaremos los días que finalmente se cobran a los hosteleros y si se confirma que cobran los días que Castejón ‘perdonó’, esperamos que ésta ofrezca pagarlo de su bolsillo voluntariamente”.
El concejal cartagenerista ha terminado asegurando que “de su ristra de mentiras responderá Arroyo en 2023, pero quizás consigamos que Castejón empiece a pagar antes”.
Esta mañana, el portavoz de MC Cartagena, José López, ha vuelto a poner el acento sobre una de las cuestiones que nuestra formación ha defendido en numerosas ocasiones chocando, en todo momento, con la inoperancia e incapacidad para la gestión que viene demostrando el Gobierno local; la optimización en el servicio de sillas de los desfiles que transcurren por nuestras calles y, de manera más concreta, los de Semana Santa.
Una iniciativa que se remonta a abril de 2017, siendo alcalde López, cuando se produjo una reunión con arquitectos malagueños para la presentación y aplicación aquí del proyecto ‘Procesionista’, que planteaba “la puesta en marcha de un nuevo diseño y concepción de la colocación y explotación de las sillas, un mejor aprovechamiento de la vía pública y los recursos que generan además de adaptar el servicio a las necesidades de los usuarios”.
Pocos meses después, la alcaldesa tránsfuga, Ana Belén Castejón, incumplió el pacto de gobernabilidad con MC desencadenándose nuestra consiguiente salida del Ejecutivo. Desde entonces no se ha producido ningún avance, motivo que ha llevado a José López a recordar la ineludible necesidad de optimizar el servicio.
Ha comenzado manifestando que “esta tarde, la Junta de Cofradías anuncia el pregonero para 2022, por lo que todo parece indicar que volverán nuestras procesiones”. Acto seguido, ha añadido que “desde MC estamos convencidos de la necesidad de mejorar los desfiles cuando, tres años después, salgamos a las calles”.
Posteriormente, ha remarcado que “reiteraremos en el próximo Pleno la exigencia de implementar una gestión profesional que mejore también la estética y contribuya a mejorar las procesiones. Desde 2017 estamos en ello”.
El dirigente cartagenerista, a continuación, ha argumentado que “es el momento idóneo para hacerlo. No tendría sentido que llegara la Semana Santa y una empresa que especula con las sillas tuviera esta gestión por la incompetencia de N. Arroyo”. “Un modelo que podrá aplicarse también a ‘Carthagineses y Romanos’ o Carnaval, entre otros eventos”, ha incidido.
“Cartagena no merece estar bloqueada por su desidia, nuestras procesiones están obligadas a seguir mejorando”, ha concluido José López.
Esta mañana, los portavoces municipales de MC Cartagena, José López y Jesús Giménez, han valorado el descontrol existente por parte del Gobierno local de PP y tránsfugas en relación a la gestión de las zonas verdes y jardines del municipio.
El representante cartagenerista, José López, ha comenzado poniendo de relieve que “los jardines están peor que nunca esta legislatura, a pesar de que el contrato, que entró en vigor en enero de 2019, supuestamente mejoraba la atención y los medios”.
Sin embargo, la realidad dice que “a día de hoy, la situación es que el contrato lleva 10 meses prorrogado más lo que les queda, ello debido a la dificultad del procedimiento, los intereses de empresas poderosas y los errores que presenta el pliego”.
López ha detallado algunas de las graves incidencias que se ven en las calles de Cartagena en esta materia como “las roturas de ficus que podrían haber matado a alguien por la incorrecta gestión; la falta de poda de muchos árboles del Ensanche anunciando 34 meses más tarde que van a podar; el diseño erróneo de zonas ajardinadas como Parque Sauces (para el que han dejado sólo 1.000 euros para jardinería) y el Plan Rambla, donde hay olivos pero sombras no hay ni una, además de la falta de vegetación en general y, en particular, autóctona”.
Además, se ha preguntado “¿qué se hace con las plantas del Vivero municipal?, mientras que la situación de los jardines del litoral este verano ha sido vergonzosa y respecto al personal quisiéramos saber quien sustituye a los trabajadores que toman sus vacaciones”.
Un 27% menos de inversión por metro cuadrado
Tras López, el portavoz adjunto de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha argumentado las razones que justifican las sospechas de nuestra formación sobre las debilidades del nuevo pliego que amenaza con empeorar la situación.
Ha comenzado reseñando que “aceptamos la creación de lotes y consideramos necesario trabajar en el mantenimiento de juegos infantiles e introducir un lote para el litoral”. Sin embargo este hecho ha provocado el retraso en el mantenimiento de los juegos infantiles, supeditado a que el contrato de jardines “salga adelante”.
En relación al lote 1 ha reseñado la inexistencia de un inventario de árboles y juegos, a pesar de estar pagado, deslizándose la duda de si este ‘olvido’ busca beneficiar al licitador. “¿Por qué el Ayuntamiento se guarda información?”
Adentrándose en datos concretos, el también presidente de MC ha calificado como preocupante que “solo se destinen 35.000 euros al año para el riego”. Acto seguido, ha aludido a “datos grandes”. Con la entrada en vigor del pliego, el coste medio por metro cuadrado del mantenimiento de jardines se reduce en un 27%.
Un pliego que se ‘responsabiliza’ de espacios que no son municipales
En este punto, el concejal de MC ha desvelado el gran ‘engaño’ de este pliego. “Hay más dinero pero también mucho más superficie, un 81% más”. Así, conviene reseñar que más de un 70% de los terrenos nuevos, en principio, “no es obligación del Ayuntamiento mantenerlos”. Ejemplo de ellos son la urbanización del Polígono residencial Santa Ana o la subida a Tentegorra, incluso “11.000 metros de la Autoridad Portuaria”.
“O el Ayuntamiento está engordando los datos para entenderse con la empresa o se estén asumiendo costes que no son municipales”, se ha preguntado en voz alta. En todo caso, subyace una evidente falta de transparencia además de “comprometer el dinero público”.
Posteriormente, Giménez, al tiempo de deslizar que estas circunstancias puedan desembocar en una retirada del pliego, ha pedido “un mayor control y un cambio de dirección en el trabajo que se está haciendo en los jardines”.
A modo de conclusión, Jesús Giménez ha deseado que “si esto sucede (la retirada del pliego), el mantenimiento de los juegos infantiles debe salir como un lote aparte”, reseñando las múltiples deficiencias que existen en los parques infantiles y cuya reparación no puede estar supedita al contrato de jardines.
Esta mañana, la concejal de MC Cartagena, Isabel García, ha puesto el acento en los reiterados incumplimientos del contrato municipal para el servicio del tren turístico que está contando con el beneplácito del Gobierno local, que consiente de esta forma beneficiar a la empresa adjudicataria, quien ganó el concurso público comprometiéndose a unos servicios que ahora no desempeñan.
La concejal cartagenerista ha comenzado reseñando que “no es novedad que los pliegos de condiciones que el Gobierno redacta se quebranten. No hay más que ver la actuación de la concesionaria de Parques y Jardines. Son situaciones que dejan indefenso al ciudadano de a pie y a quien quiera optar a un contrato municipal en igualdad de condiciones”.
Una retahíla de incumplimientos
En relación al tren turístico, García ha remarcado que son numerosas las cuestiones que el Gobierno de N. Arroyo está pasando por alto. Ha enumerado algunas de ellas. “Si se adjudica el permiso a un solo tren, ¿por qué se permite que estén circulando dos?; ¿Por qué no sube a uno de los espacios más emblemáticos como el Parque Torres, cuando se comprometió a hacerlo?; ¿Por qué no existen las audio guías prometidas bajo la supervisión de los cronistas? ¿La pandemia ha abatido la capacidad redactora de los cronistas? Lo dudamos. Más bien es el reflejo del negligente proceder de Manuel Padín y el desprecio del Gobierno de N. Arroyo por cumplir con la ley y los procedimientos haciendo la vista gorda”.
Al tiempo, ha remarcado que “en pleno siglo XXI, el transporte no tiene un acceso acondicionado para personas con problemas de movilidad, saltándose así el Gobierno el principio de igualdad entre ciudadanos”. “Mientras tanto, anuncian un Plan de Movilidad cuando no son capaces de cumplir con estos mínimos. O quizá no quieran incomodar a la empresa responsable”, ha razonado Isabel García.
La edil, a continuación, ha recordado el incumplimiento de no circular con un tren eléctrico. “¿Si no disponían del mismo, ¿por qué lo ofertan y por qué se le adjudica el contrato?”
El responsable se ‘sacude’ las pulgas
Posteriormente, en relación al responsable de esta actuación, el concejal de Turismo y Comercio, Manuel Padín, la concejal de MC ha aventurado que “quizá afirme que no es culpa suya, será de la COVID o de la alcaldesa del PP, como en las casetas de Héroes de Cavite. La realidad es que forma parte de un Gobierno al que todo le supera, que chapucea todo lo que toca y que prefiere callar ante los incumplimientos de las empresas concesionarias a defender los intereses de los cartageneros”.
Isabel García ha concluido manifestando que “nuestro Grupo municipal está a la espera de que se le conceda acceso al expediente para comprobar las actuaciones del Gobierno tendentes a garantizar que el contrato del tren turístico se ajusten a la legalidad. De no ser así, solicitamos que se revoque”.
“¿Qué seguridad jurídica tendría cualquier empresa que se enfrente a la contratación municipal de forma legal? ¿Qué intereses existen para mantener a quien incumple de forma expresa, flagrante y reiterada?”, se ha preguntado en voz alta la concejal de MC Cartagena.
Migajas insultantes para el Mar Menor con la laguna salada agonizante y 200.000 euros para la recuperación de las baterías de Costa de Cartagena. Éste es parte del plan del Gobierno estatal para nuestro entorno. Así lo recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 presentado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.
La administración central vuelve a dar la espalda a las históricas reivindicaciones, hecho especialmente grave en un contexto como el actual, con una sociedad que exige la asunción de responsabilidades y la toma de medidas para un entorno que agoniza mientras desde murcia y Madrid niegan el auxilio, comprometiendo el presente y negando el futuro a nuestra tierra.
El portavoz adjunto de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha valorado lo conocido ayer. “Los PGE suponen la enésima decepción para Cartagena.
Los ‘olvidos’ y el dinero… para murcia
Tras esta aseveración, el también presidente de MC ha comenzado a desgranar los agravios que el proyecto de presupuestos deja para Cartagena. “En infraestructuras no aparece el AVE ni el nuevo trazado, y repite la estación, un proyecto que iba a estar terminado en el verano de 2019 y que aún hoy está sin adjudicar”.
“Es posible que el ferrocarril, como el Mar Menor, se fíe a fondos europeos o partidas sin apellido, pero la costumbre nos lleva a desconfiar de estas futuras e inciertas decisiones políticas”, ha precisado a continuación.
En cuanto a la inversión ha aludido a “un dato alarmante, los 4 millones del Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que avanza a velocidad de crucero, y que constituye 8 veces más de lo que se anuncia para el Anfiteatro, la Catedral y las baterías de costa que, en el mejor de los casos, recibirán 500.000 euros en 2022”.
Acto seguido, ha reconocido que “molesta que comparemos, pero eso es menos de la mitad de lo previsto para Monteagudo y, en proyección a cuatro años, también menos de la mitad de lo previsto para el yacimiento de San Esteban”.
Responsabilidad conjunta por la Ciudad de la Justicia
Otra de las principales reivindicaciones del municipio ha vuelto a quedar fuera. “Por si fuera poco, la Ciudad de la Justicia sigue en el aire, pues sólo aparecen 50.000 euros”.
En este punto, ha remarcado que “N. Arroyo comparte la responsabilidad porque sigue negándose a ofrecer todos los terrenos municipales, prefiriendo que se acumule retraso. Ni rastro tampoco del nuevo cuartel de la Guardia Civil anunciado en 2019”.
Las consecuencias de la uniprovincialidad
“Por suerte, continúa la apuesta por el proyecto S80 y, aparentemente, se mantiene la inversión prevista con los fondos de la Autoridad Portuaria”, ha afirmado.
A modo de conclusión, el dirigente de MC ha añadido que “la uniprovincialidad sigue lastrando a Cartagena. Una vez más, somos víctimas de la lucha PSOE-PP por el voto en el área metropolitana de Murcia”.
Por último, ha subrayado que a todo lo expuesto “se une la tozuda realidad de tener un Gobierno tránsfuga en Cartagena, una trinca que iba a influir a todos los niveles y cuya insuficiencia es una burla a los cartageneros”.
Esta noche, el vocal de MC Cartagena en la Junta Vecinal de Perín, Antonio Liarte, defenderá una batería de propuestas en el pleno de este órgano de gestión para, entre otras cuestiones, actuar sobre dos de los enclaves más icónicos de la diputación, el mirador de Peñas Blancas y la Torre del Moro. Además, otras iniciativas reclamarán mejoras en caminos y carreteras de Perín.
El vocal de MC ha comenzado explicando que “estratégicamente, conservar y revalorizar enclaves naturales, así como elementos patrimoniales de la diputación debe ser imprescindible en la acción de gobierno para esta zona de nuestro municipio”.
Al hilo de lo expuesto, adentrándonos en el contenido de la moción, nuestra formación solicitará que “cese el abandono institucional a la Torre del Moro, muy deteriorada y sobre la que pesa la inacción de la administración, cómplice junto al propietario, de que su situación esté a punto de convertirse en irreversible. Exigiremos una intervención inmediata, así como un entorno de protección, ya que existe el riesgo de instalación de placas solares en sus inmediaciones”.
Antonio Liarte ha continuado explicando que llevaremos al Pleno la “ineludible necesidad de que, bien el Gobierno regional, o el Ayuntamiento si así le autorizan, ejecute acciones de mejora y acondicionamiento del Mirador de Peñas Blancas, a través de la limpieza y acondicionamiento del camino de acceso, el vallado de su explanada, la colocación de indicativos informativos o estudiar la puesta en valor de los restos de yesería que hay en su camino”.
Incrementar la seguridad en caminos y carreteras de la diputación
Posteriormente, el vocal de MC ha avanzado otra serie de iniciativas que tendrán por objeto “incrementar la seguridad en el tramo derecho de entrada al camino del Azular; también en la carretera municipal rural que une la cuesta del Jarapa con Galifa; acondicionar el arbolado y setos en el camino de Los Jarales que ya ocupan parte del paso público del camino; que el Consistorio subsane las deficiencias existentes en la E16 y se calendarice un programa de actuaciones para optimizar servicios básicos en el caserío de Los Flores”.
Mantenimiento de las calles de Los Blases
Para finalizar, MC requerirá a la presidencia de la Junta Vecinal que gestione ante el Ayuntamiento y, en concreto, la Concejalía de Urbanismo, la inscripción de las calles de Los Blases en el inventario municipal, circunstancia que impide que se lleve a cabo el mantenimiento de dichas vías.
Esto sucede a pesar de que dicha zona recibe servicio de alumbrado público, tienen agua potable y sus vecinos cumplen con el pago de los impuestos municipales.
Durante el próximo Pleno municipal, MC Cartagena, a través del edil Enrique Pérez, solicitará al Gobierno local la celebración de un evento el próximo año 2022, que sirva de conmemoración del 75 aniversario de la primera prueba provincial organizada por el Club Ciclista de La Palma, incluyendo la celebración de una prueba deportiva y que se erija un monumento para simbolizar la importancia del ciclismo para la afición palmesana durante más de siete décadas.
Para ello, se requerirá que, a través de la Concejalía de Deportes, se cree una comisión de trabajo que cuente con la participación del Ayuntamiento, el Club Ciclista La Palma, la Junta Vecinal y la Asociación de Vecinos.
El edil de MC ha explicado que la diputación de La Palma “es pionera en la organización de campeonatos locales y regionales de ciclismo, transmitiéndose esa pasión de generación en generación hasta nuestros días”.
Pérez ha rememorado que “fue en la década de los 30 cuando emerge la afición a raíz de la instalación de un taller de reparación, mantenimiento y venta de bicicletas en el entorno de la plaza Manuel Zamora a cargo del palmesano Antonio Martos Campillo ‘El Perinero’”, situándose otro hito temporal en “1947 cuando el Club Ciclista La Palma organizó el primer campeonato ciclista provincial”.
“Tal era la afición y renombre que había tomado la localidad palmesana, que la misma organización de la Vuelta a España felicitó y reconoció el esfuerzo del Club Ciclista por su gran trabajo a favor de este deporte, premiándoles con el paso de la Vuelta Nacional por La Palma en 1948”, ha continuado explicando, quien también ha reseñado la labor en pro de este deporte de sagas familiares como la “de ‘Catite’ y los ‘Martos’”.
Enrique Pérez también ha señalado que “las décadas de los cuarenta, cincuenta y los primeros años de los sesenta fueron claves para el ciclismo palmesano y su afición”, siendo refundado el Club en 1976 y organizando anualmente la Vuelta Ciclista al Campo de Cartagena hasta 1993.
Cabe reseñar del mismo modo que “en estas últimas dos décadas, el Club Ciclista de La Palma ha seguido colaborando con otros clubes de la Comarca en el desarrollo de actividades deportivas a través del Trofeo Interclub Campo de Cartagena – Mar Menor, que ya acumula su XXXI edición, siendo la población palmesana lugar de salida o llegada de etapas. Además, el Club mantiene, cada año, en la programación de sus fiestas patronales, el Trofeo Santa Florentina de ciclismo”.
En definitiva, la iniciativa de MC busca poner de relieve la importancia del ciclismo para la diputación, además de servir “de recuerdo a todos aquellos corredores palmesanos que tantos triunfos dieron a su tierra”.
Esta mañana, la concejal del Grupo municipal MC Cartagena, María Dolores Ruiz, ha solicitado que, por una vez, “el Gobierno local actúe con responsabilidad hacia nuestro patrimonio y retire la escultura del sepulcro de Josefa Meroño, viuda de Hernández, fracturada y tirada sobre una lápida en el cementerio de Los Remedios, convirtiéndose en la imagen gráfica del mayúsculo desprecio que N. Arroyo y los suyos sienten por nuestro patrimonio”.
Acto seguido, la edil ha recordado que esa escultura, ahora fracturada y dejada a su suerte en una imagen muy simbólica es “lo poco que queda del sepulcro y, por lo tanto, debe ser recogida y custodiada en el almacén, donde el concejal tránsfuga, David Martínez, dijo que se encontraba. No sabemos quién la ha llevado ahí o si es un ejercicio de ilusionismo, lo que está claro es que Martínez queda retratado nuevamente”.
Ruiz ha lamentado que los elementos que iban a ser protegidos por el anulado Plan de Ordenación Urbana de Cartagena en el cementerio de Nuestra Señora de Los Remedios continúen en estado “de riesgo o desaparición”. A pesar de que MC y el propio Pleno municipal ha instado la protección y catalogación de todos los elementos que estaban catalogados en este fallido plan.
“A día de hoy”, ha continuado la concejal cartagenerista, “desconocemos qué ha sucedido con el sepulcro, catalogado con grado 1 en las fichas de Plan General del año 2009. Lo único cierto es la desgana y desprecio con la que el Gobierno castiga a nuestro patrimonio. A MC le seguirá importando, tal y como demostramos protegiendo 41 elementos del cementerio”.
Para concluir, María Dolores Ruiz ha deseado que “Arroyo y David Martínez se bajen de la atalaya de su soberbia y se dejen guiar por la acción responsable de quiénes defendemos lo nuestro. Exigimos que, urgentemente, este elemento sea trasladado al almacén municipal o el del cementerio, con garantías de su custodia”.
“Todo ello hasta que la Dirección General de Patrimonio de la CARM resuelva si este elemento merece ser catalogado conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 4/2007, 16 de marzo, de Patrimonio Cultural”, ha precisado la edil de MC.
Esta mañana, el portavoz adjunto de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha informado que el Defensor del Pueblo ha admitido la reclamación efectuada por el propio Giménez para que el Alto Comisionado indague sobre el continuado y premeditado retraso que la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la CARM, ha institucionalizado en relación a los expedientes de protección del patrimonio de Cartagena, una “anomalía injustificable” que supone un perjuicio grave al estado del patrimonio.
En su argumentación, el dirigente cartagenerista solicitaba una “investigación que sirva para depurar responsabilidades y, sobre todo, para que cese la indefensión a que condena el Gobierno regional al patrimonio de Cartagena con esta inacción”. Hoy, el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja, hecho que ha sido valorado por Giménez.
“Estos retrasos consienten el deterioro de nuestro patrimonio y en casos como la Casa del Niño, que espera desde hace cuatro años su declaración, que se realicen obras sin autorización como sucedió en 2017”, ha reseñado el concejal de MC.
Acto seguido, ha añadido que “tras la incoación del BIC de la Casa Maestre, aún esperan su turno tras años de retrasos el de la Casa Zapata o el baluarte de Barwick, entre otros. La almadraba de La Azohía también aguarda su catalogación desde hace más de un año”.
“Una inacción inaceptable que no es casual, sino una muestra más del desprecio a nuestro patrimonio”, ha remarcado.
Finalmente, Jesús Giménez ha deseado que “lo que no han hecho por obligación ni respeto lo hagan ahora por miedo a la investigación abierta, porque estas protecciones legales son imprescindibles ante gobiernos como el de San Esteban, que lo mismo tiran un muro púnico que dan ganadora una idea que propone demoler elementos protegidos”.
La insistencia de MC Cartagena ha terminado de derribar la pertinaz resistencia del Gobierno de San Esteban para proteger la Casa Maestre, bien patrimonial cuyo propietario ha descuidado y puesto a la venta y/o alquiler durante años, contando con el beneplácito de la administración regional quien ha entorpecido lo que ya es un hecho, el inicio del expediente que concluirá con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para esta joya del modernismo en nuestro municipio.
El hecho ha sido valorado por la concejal de MC Cartagena, María Dolores Ruiz. “Los tiempos y los procedimientos legales han podido más que el silencio de la CARM. Hoy se nos ha comunicado la certificación del acto presunto relativo a la declaración como BIC de la Casa Maestre. Es decir, transcurridos seis meses y ante el premeditado silencio administrativo, la Dirección General de Patrimonio ha emitido este documento al no haber resolución expresa del expediente”.
“En términos coloquiales, al Ejecutivo regional no le ha quedado más remedio que permitir el procedimiento, iniciado en noviembre de 2019 cuando José López solicitó la declaración de BIC para este edificio y que tuvo continuidad en julio de 2021, fecha en la que Jesús Giménez solicitó certificado de acto presunto, al amparo de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.
Posteriormente, Ruiz ha resaltado que una de las consecuencias directas que tendrá esta segura declaración será “la obligación del propietario de facilitar la visita a los ciudadanos durante cuatro días al mes. Y la que tiene desde ya es impedir a los propietarios que lleven a cabo actuaciones en ellas que puedan menoscabar su integridad”.
“Sabemos que el edificio se mantiene íntegro en su interior pero esta declaración es la salvaguarda que necesitaba para frenar las intenciones de la propiedad y la complicidad de la administración, colaboradora necesaria tantas veces en la destrucción de nuestro patrimonio”. “Esta vez, el desprecio al patrimonio de Cartagena y a nuestro municipio en general no ha sido suficiente gracias a la acción responsable de MC en la defensa de lo nuestro”, ha argumentado la concejal cartagenerista.
Por último, María Dolores Ruiz ha añadido que “también se ha recibido certificado de acto presunto para la modificación de la definición del BIC en la Torre del Negro para establecer su entorno de protección, así como de Torre Rubia. Seguimos esperando por Caza Zapata”, ha concluido la edil.
