Declaraciones de José López

Declaraciones de Jesús Giménez
  • José López recuerda que sólo la acción de MC impuso un férreo control a las concesionarias que complica silenciar posibles fraudes

Esta mañana, los concejales del Grupo municipal MC Cartagena, José López, Jesús Giménez y María José Soler, han acudido a las dependencias del Servicio de Infraestructuras (edificio administrativo de San Miguel) para ejercer su derecho de acceso a los expedientes del contrato de limpieza y recogida de residuos de ‘Limpieza e Higiene de Cartagena S.A’, así como al contrato de gestión del servicio de limpieza, mantenimiento y conservación de las zonas de litoral de Cartagena con FCC, en particular de todas las incidencias, informes y partes extraordinarios de trabajo desde el 15 de julio de 2019.

Niegan el acceso a MC después de haberlo concedido

Conviene recordar que, el pasado 26 de junio, el técnico jefe del Área de Infraestructuras no facilitó la citada documentación, siendo emplazados al día de hoy cuando, en opinión de este empleado municipal, se “hayan podido completar los expedientes”. Ello, a pesar de haber sido citados por la responsable de Unidad Administrativa de Infraestructuras para ejercer el derecho que asiste a MC como Grupo municipal.

Antes, nuestra formación ha atendido a los medios de información congregados en la puerta de acceso al edificio administrativo de San Miguel. Así, José López ha comenzado anunciando que venían a ver el “mencionado informe, tan poco visto por los grupos de la oposición”, lamentando acto seguido el cese de la técnico responsable del expediente, la última de los profesionales a los que MC encomendó la labor de controlar y fiscalizar los grandes contratos con las concesionarias que aún mantenía este cometido.

En el servicio no se ha puesto a disposición de MC el expediente el contrato del litoral que presta FCC, una nueva muestra de la obstrucción del gobierno a la acción política de esta formación.

Las concesionarias, investigadas por primera vez

El dirigente cartagenerista ha contextualizado que esta investigación comienza en 2015, “cuando nos damos cuenta que el vertedero se colmata, algo que no era posible sólo con la cantidad de basura recogida por el Ayuntamiento”. Sólo hay una autorización un poco más adelante para “verter los residuos de La Unión y así evitar la huella de carbono”.

Tras ello se empiezan a descubrir otras cuestiones que merecen ser investigadas como el convenio de recogida de vidrio, donde hay una pérdida de dinero, igual que en el material de reciclaje. Además, trabajadores que debían estar en la calle y se encontraban en la oficina porque posiblemente no eran trabajadores sino ‘amigos de’. Igualmente, crecían las dudas sobre empleados destinados a lugares que despertaban el recelo sobre si estaban faenando para el Ayuntamiento o en cometidos de la empresa, etc.”

El detonante para el fin de la coalición

Posteriormente, el concejal ha remarcado que en ese punto comienzan las “desavenencias” con los que eran socios de MC en el Gobierno (PSOE). En este contexto, MC sale del Gobierno el 9 de enero de 2018 pero queda un informe emitido desde el área de Desarrollo Sostenible que coordinaba Jesús Giménez que señala honda “en lo que hoy estamos investigando”.

Cronología de la fiscalización de MC

El portavoz adjunto cartagenerista, Jesús Giménez, ha desgranado la cronología respecto a la actuación de MC para fiscalizar la concesionaria de limpieza viaria y gestión de residuos. Así, ha explicado que, a partir de junio de 2015, con llegada a la Alcaldía de José López y el Gobierno de MC, se detecta que “no existen parte de trabajo de la empresa Lhicarsa”, es decir, “la empresa Lhicarsa cobraba 36 millones de euros al año sin hacer partes de trabajo”.

De esta forma, ha explicado que “a partir de enero de 2016 se les obliga a hacer partes de trabajo”. Fruto de esa labor, se tiene conocimiento de “irregularidades y al estudiar la colmatación del vaso del vertedero, se obliga a la concesionaria a que solo introduzca residuos urbanos de Cartagena”.

“Eso provoca que la concesionaria, y probablemente por ello estamos hablando de esta situación, que la concesionaria no pueda acceder libremente al vertedero con todo lo que quiera”, siendo por tanto bajo el Gobierno de MC cuando, por primera vez, “se le dice a la concesionaria que no puede hacer un uso libre de un vertedero que es municipal”.

De acuerdo a lo publicado en prensa “los informes dicen que siguen colmatando el vertedero municipal, incluso con residuos industriales”. Giménez ha recordado que los técnicos municipales concluyen en un informe realizado en 2017 que existen diversas irregularidades, siendo remitido por la entonces concejal de Desarrollo Sostenible, María José Soler (MC) a la Intervención Municipal y a la alcaldesa.

“El 4 de enero de 2018 ya sabemos que la alcaldesa conoce que hay problemas de colmatación en el vertedero, que hay problemas con el uso que está haciendo Lhicarsa del vertedero y cuando pedimos que se cree una Comisión de Investigación tanto PP como PSOE votan en contra”, ha rememorado el edil.

Por ello, se ha preguntado Jesús Giménez si “dos años y medio es el tiempo necesario para seguir con un informe que teníamos encima de la mesa”, encontrando la respuesta en la actuación de MC. “Ha sido cuando hemos pedido el acceso al expediente con la incorporación del nuevo Gobierno cuando ha avanzado el procedimiento y que ha concluido ahora. Gracias a ello, hemos provocado que aflore un fraude”, explicando el temor en que se produzca un “enjuague, que tratará de evitar MC”.

Ante la magnitud del escándalo, MC velará por evitar un ‘enjuague’ entre Lhicarsa y el Gobierno
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