Durante el Pleno municipal del 25 de junio de 2020 se aprobaba una moción de MC Cartagena por la que se exigía al Gobierno local a requerir, de forma inmediata, a todos los propietarios de solares en el Casco Urbano a la edificación de estos espacios, dando cumplimiento a la Ley regional del Suelo de 2015. Anteriormente, en octubre de 2019, ya había contado con el respaldo de la Corporación esta misma iniciativa promovida por la formación cartagenerista
La moción también contemplaba que el Ayuntamiento efectuara una declaración de incumplimiento en caso de no atender los propietarios de los solares este requerimiento, con apercibimiento de la aplicación del apartado 3 de la Ley 13/2015 que faculta a la administración a “la ejecución subsidiaria a costa del obligado”.
Cabe apuntar asimismo que el Gobierno está facultado a realizar estos requerimientos desde mediados del año pasado. Ahondando en la degradación del casco histórico y la inacción de PP y tránsfugas al respecto, el diario La Verdad da cuenta hoy del alarmante deterioro que presenta el mencionado entorno.
“Una ciudad sucia y abandonada a su suerte”
Ante esta situación, el portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez, ha lamentado que el Gobierno local se haya dado hoy “el paseo de la vergüenza por el Casco Histórico”, ya que, como ha descrito, “las grandes cadenas huyen del centro, el comercio tradicional sobrevive con la necesidad por bandera; desde hace años se escucha el silencio por el veto municipal a los espectáculos en la calle y más de 100 solares contemplan una ciudad sucia y abandonada a su suerte. ‘Cartagena en marcha’ lo llama Arroyo”.
Al hilo de lo publicado hoy en La Verdad, ha reseñado que “un reportaje dice hoy que se acelera el deterioro y los responsables salen a pasear con palmas y ramos”.
El edil ha recordado que “en octubre de 2019 dimos la fórmula. El Pleno aprobó exigir conforme a la Ley del Suelo la construcción en todos estos solares con el apercibimiento de subasta pública y, casi dos años después, no han requerido a nadie”, a lo que hay que sumarle que “San Esteban aprieta la soga retrasando las ayudas; tres años sin tramitar algunas de ellas y los informes que deben respaldar las actuaciones que sí se inician”.
Sin embargo, desde el Gobierno local, “Arroyo y Castejón lo aplauden, de hecho colaboran con el desastre poniendo en venta suelo arqueológico del Molinete o consintiendo que se demuelan restos púnicos”.
“Un paseo por el centro confirma que el plan funciona, el de asfixiar Cartagena con el gas de la sonrisa maléfica”, ha concluido denunciando Jesús Giménez.
En el día de ayer, durante la celebración del Pleno municipal del mes de mayo, el Gobierno municipal de PP y tránsfugas volvió a exhibir su desprecio a la participación vecinal al rechazar una iniciativa de la concejal de MC, Isabel García, por la que solicitaba la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de los Presupuestos Participativos donde se informe del calendario que maneja para acabar las obras pendientes, así como de todas las actuaciones para la puesta en marcha de los Participativos en el ejercicio 2022.
La puesta en marcha de los Presupuestos Participativos se debe a una iniciativa de MC promovida durante la Alcaldía cartagenerista para dar voz a los vecinos en la decisión sobre aquellas actuaciones que consideran prioritarias para su entorno.
Sin embargo, como puso de manifiesto ayer concejal de MC, “llevamos tres años sin que los vecinos puedan decidir de manera directa en qué emplear una parte del presupuesto de su Ayuntamiento y, si no se empieza a trabajar ya, mucho nos tememos que tampoco puedan hacerlo en 2022”.
Asimismo, durante el Pleno, García recordó que todavía siguen pendiente obras de 2018 sin acabar la onda verde de Los Dolores, la Capilla del Concejo, los huertos urbanos, el Parque Sauces, el alumbrado desde las Casas de Cándido a Nueva Cartagena, la remodelación de la plaza de San Isidoro, el acondicionamiento del Huerto de Cándido y del camino exterior de la Cueva Victoria.
Obras eternas e inversión en obras menores en colegios
La ratificación del veto del Gobierno a los vecinos ha merecido la valoración de la concejal de MC Cartagena, Isabel García. “Durante mucho tiempo han intentado negar la mayor pero ayer D. Ortega lo confirmó en el Pleno; no hay presupuestos participativos, no convocan la comisión de seguimiento de los proyectos y reducen la participación a poco más de 100.000 euros destinados a los centros educativos. Allí, los alumnos deciden sobre el destino de esa cantidad que se reparte entre los centros del municipio, a los que los miembros del Gobierno corren raudos para hacerse la foto con los escolares”.
“Ortega no pestañea cuando dice que continúan las obras programadas, actuaciones de 2018 que parecen ser unas obras de El Escorial a la cartagenera, pues es evidente que se les han atragantado. Es el nivel de este Gobierno infantil”, ha lamentado.
Un municipio decadente y el horizonte de las elecciones
“Dice que este año”, ha continuado García, “no han seguido con la modalidad de ‘nuevas obras’, imaginamos porque ven un municipio reluciente que necesita de pequeños retoques. Son las consecuencias de no pisar calle, únicamente para descubrir placas, aunque éstas sean en un árbol. Mientras tanto, aprueban mociones como las de San Félix y la Urbanización Mediterráneo reconociendo que el municipio se les cae”.
Para finalizar, la concejal cartagenerista ha alentado al Gobierno local “a darse prisa. Ya sabemos que llegan tarde. De eso bien puede hablar el sector de los chiringuitos. Si no se ponen a trabajar ya, 2022 llegará y seguirá el veto a los vecinos. O quizá con el horizonte de las elecciones de 2023, a D. Ortega y N. Arroyo le entren las prisas”.
Durante el Pleno celebrado hoy, una iniciativa conjunta de los grupos municipales de MC Cartagena y Unidas Podemos IU-Verdes Equo, ha permitido que se inste al Gobierno regional a tomar medidas ante este grave problema de salud pública que afecta especialmente a nuestros jóvenes más vulnerables, exigiendo al Ejecutivo autonómico a constituir un marco legislativo que regule adecuadamente el horario de apertura y cierre como existe en otras comunidades autónomas.
Asimismo se ha acordado reclamar que se impida legalmente la apertura de nuevos salones de juego en la Región; que se establezcan adecuados controles de acceso a este tipo de establecimientos haciendo imposible la entrada de menores en estos centros; la realización de campañas de concienciación; que se dote al Servicio de Salud Pública con recursos para que puedan tratar de forma efectiva a los ciudadanos afectados por esta adicción y que, en definitiva, se inste al Gobierno autonómico a dar cumplimiento a la moción aprobada por la Asamblea Regional en noviembre de 2020 y que en esencia venía a incidir en estos extremos, y que, hasta la fecha, ha sido obviada por el citado Ejecutivo.
José López ha explicado la preocupante situación de nuestro municipio. “En Cartagena existen 52 salones de juegos, lo que supone uno por cada 4.171 habitantes. Si lo comparamos con Barcelona, con una población de 1,7 millones de habitantes, comprobamos que dicha ciudad cuenta con 51 salones de juego, es decir, uno cada 33.333 habitantes.
Como es sabido, “la ludopatía es una adicción que afecta a la vida de las personas en todas sus facetas: personal, familiar, laboral, social y económica y quienes la padecen ven afectada su capacidad para poder autocontrolarse, siendo incapaces de detener los impulsos que les llevan al juego, destrozando familias y cebándose con una especial virulencia en los jóvenes”.
Lamentablemente, como ha también ha reseñado el edil cartagenerista, “esta alarmante situación, que infringe un daño irreparable a nuestros jóvenes y a sus familias, encuentra la complicidad de unas administraciones que, en demasiados casos, miran hacia otro lado, preocupándose en exclusiva por los enormes beneficios que supone para sus arcas”.
Una moción presentada por el concejal de MC, Enrique Pérez, ha obtenido el respaldo del Pleno para que el Gobierno local inicie las gestiones de asesoramiento y coordinación entre la propiedad, la administración, las asociaciones culturales y la Junta Vecinal de Pozo Estrecho para frenar el deterioro progresivo del Molino de Lo Pollo que se ha venido produciendo durante la última década.
El molino de Lo Pollo es una de las principales señas de identidad de Pozo Estrecho desde que en 1915 se pusiera en marcha la extracción de agua para riego de campos de Lo Morago, Foncuberta, La Cerca y Villa Antonia, entre otros.
Pérez ha fundamentado su propuesta recordando que “el molino volvió a resplandecer en 1999 con la rehabilitación de la carpintería, poniéndose en valor como parte fundamental del patrimonio rural galileo. Sin embargo, a día de hoy, la dejadez y falta de coordinación entre la propiedad y la administración nos lleva a lamentar un deterioro progresivo que hemos de frenar”.
Asimismo, el Pleno municipal ha apoyado la iniciativa del concejal de MC Cartagena, Enrique Pérez, para que el Gobierno local dé traslado a la Dirección General de Carreteras de la CARM de las deficiencias que presentan las vías y caminos de servicio de la RM-12 y RM-602.
Se demanda actuar, a cargo de los presupuestos regionales de 2021, en materia de mantenimiento, tanto de limpieza, como de refuerzo o bacheo de zonas deterioradas, seguridad, nominación de algunas conexiones y salidas de estas vías y caminos de servicio a poblaciones, etc.
El Gobierno local deberá subsanar, a iniciativa de la concejal de MC Cartagena, María José Soler, las importantes deficiencias que presentan la barriada de San Félix y Urbanización Mediterráneo, que dificultan el día a día de los vecinos.
En San Félix, entre estas mejoras se encuentran la necesidad de practicar rebajes en las aceras, actuar ante la falta de arbolado y zonas de sombra, iluminación o seguridad vial, mientras que en la Urbanización Mediterráneo se deberá actuar en distintas cuestiones como limpieza y cuidado de jardines, actuaciones en acerado y asfaltado, así como que se actúe ante la proliferación del mosquito tigre.
Esta mañana, el Grupo municipal MC Cartagena, encabezado por el portavoz, José López, junto al graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Pablo Pérez, ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar el borrador de los presupuestos regionales del presente año.
También han asistido a esta convocatoria el portavoz adjunto de la formación cartagenerista, Jesús Giménez, y los concejales, María José Soler, Isabel García y Enrique Pérez.
Un presupuesto que Pérez ha calificado como ficticio que “no se sostiene por sí solo”, al tiempo de reseñar que casi en el mes de junio aún no se disponga de “un presupuesto vigente aprobado”.
Otro de los conceptos esgrimidos por Pablo Pérez ha sido la deuda regional, “que evidencia el nefasto modelo económico de la Región”. A 31 de diciembre de 2020, la deuda representa 10.200 millones de euros. O lo que es lo mismo, “cerca de dos anualidades presupuestarias completas”.
Por su parte, el portavoz municipal de MC, José López, ha comenzado lamentando la falta del rigor en la confección del presupuesto por parte del Gobierno regional, que ha llegado a reconocer que las cuentas de la Consejería de Fomento eran “inejecutables”.
Sobre cuestiones concretas, en materia de educación, una vez más se encuentra el colegio de La Aljorra del que “ni la primera piedra se ha colocado. Cuatro millones presupuestados desde 2016 para nada”.
En patrimonio: “Siguen pagando su parte de la hipoteca del Teatro Romano; y el resto de inversión se resume en el proyecto – ni un euro para obra – del Cine Central, y unos miles de euros para la villa del Paturro”. En total, en el último quinquenio han presupuestado “2,6 millones de euros y gastado poco más de 500 mil. Eso para la Capital Turística del Mediterráneo que dicen convertirán en Patrimonio mundial”.
Respecto a transporte urbano, la situación es especialmente indignante. “La ciudad de Murcia sigue recibiendo cerca de 5 millones de euros y para Cartagena, aprovechando que no hay clases presenciales, han eliminado el bono para los estudiantes”.
Reseñando el sistemático maltrato en materia de infraestructuras ha puesto de manifiesto sobre la ZAL: “Un 2% de ejecución desde 2016, en que los obligamos a impulsar este proyecto. El equivalente a nada, que es lo que representa hoy la ZAL de Los Camachos. Mientras para la contra ZAL de Murcia, seis veces más, y para la privada de Corvera, la multinacional Amazon y sus puestos de trabajo, aunque debía haberse instalado en Cartagena”.
En relación a sanidad, “poco más de 100.000 euros para convertir el Rosell en un Centro de Alta Resolución”, al objeto de “saltarse la Ley Regional de 2016”, mientras que para la UPCT “el presupuesto vuelve a ser insuficiente. No cubre ni los gastos de personal ni los de mantenimiento y no se ha atendido la solicitud de un plan de financiación plurianual”.
El portavoz del principal partido del municipio ha finalizado concluyendo que se trata de “un presupuesto exiguo, que discrimina a los cartageneros. Una declaración de intenciones que es más una confesión de culpabilidad, aunque algunos ya lo vemos como una declaración de guerra. Cartagena seguirá recibiendo lo que a ellos les cuadre, sin más. Y en silencio, porque ahí está la vendida Castejón y la fiel Arroyo para aceptarlo con una sonrisa y unos posados. Un presupuesto arrollador”.
El próximo jueves, nuestra formación volverá a llevar al pleno municipal la delicada situación que viven nuestros vecinos en sus barrios y diputaciones, que afecta a cuestiones básicas que deberían estar garantizadas y, sin embargo, constituyen un auténtico ‘lujo’ para algunos cartageneros.
La situación ha sido descrita por el concejal cartagenerista, Enrique Pérez. “San Félix y la Urbanización Mediterráneo son dos de los grandes olvidados del Gobierno. Ambos son víctimas de una gestión que se queda en la foto y las declaraciones vacías pero que no llega a nuestras calles ni a los vecinos. La estabilidad se queda en sus despachos porque Cartagena es un municipio convulsionado y en constante decadencia”.
Barrios inhóspitos y condenados por el Gobierno
Posteriormente, Pérez ha enumerado algunas de las vicisitudes que los vecinos de estas barriadas deben sortear a diario. “San Félix es un barrio inaccesible para muchos de sus habitantes. No se actúe en un plan riguroso de rebajes, haciendo especialmente complicado el tránsito para personas con movilidad reducida. Además, los vecinos se quejan del abandono que sufre el arbolado y la carencia de sombras que ello provoca. Las plazas están en un lamentable estado y hay carencia de iluminación con farolas estropeadas que no se sustituyen”.
“Similar situación hemos encontrado en la Urbanización Mediterráneo”, ha subrayado el edil. “Jardines desatendidos, espacios públicos decantes con elementos que, por su estado, son una amenaza para la salud de los usuarios, deficiencias en el acerado y asfaltado y problemas generales de salubridad”.
“Para San Félix y la Urbanización Mediterráneo exigimos la sensibilidad y el compromiso del Gobierno local con actuaciones dotadas de financiación y plazos de ejecución. Si para ellas no es una prioridad se debe a que ni Castejón ni Arroyo pisan la calle, o solo a esos sitios donde reciben aplausos subvencionados”, ha indicado Enrique Pérez.
Otras exigencias
Más tarde, el concejal de MC ha añadido que durante la sesión plenaria su formación propondrá “un plan especial de protección para la zona arqueológica de Las Amoladeras; obras de conservación para el molino de ‘Lo Pollo’ en Pozo Estrecho, así como apoyar la reivindicación de los agricultores del Campo de Cartagena para requerir al Consejo Regulador de la Consejería de Agricultura celeridad en su gestión administrativa para la obtención del sello de calidad para la patata cartagenera”.
“Continuaremos reclamando atención para las zonas más desprotegidas de nuestro municipio. Los vecinos seguirán encontrando en nosotros un altavoz para recordar al Gobierno que hasta la fecha sólo han cumplido con ellas mismas y su estabilidad laboral”, ha concluido el edil cartagenerista.
En fechas recientes la Federación Regional de Empresarios del Metal mostraba su preocupación ante las malas perspectivas que existen sobre la creación del necesario Centro de Formación profesional para la Industria Naval y Petroquímica de la Comarca de Cartagena, llamando la atención sobre la necesidad de impulsar este proyecto clave para la creación de empleo de calidad que dé servicio a la gran industria petroquímica y naval que existe en Cartagena y su entorno.
Ante esta alarmante falta de noticias positivas, el Grupo municipal MC Cartagena ha solicitado esta mañana a Alcaldía que se impulse la cesión de la anunciada parcela para la Federación Regional de Empresarios del Metal que permita la construcción del nuevo Centro de Formación Industrial y Naval, además de realizar las gestiones necesarias para que este proyecto “avance y llegue a buen fin”.
Respecto a esta situación se ha pronunciado el portavoz municipal de MC Cartagena, José López, quien ha alertado sobre el riesgo que planea. “El proyecto del Centro de formación industrial y naval para nuestra Comarca, anunciado hace tan sólo tres meses, amenaza con eternizarse”.
“Por primera vez en mucho tiempo parecía que se habían alineado todas las instituciones para algo bueno y necesario para Cartagena, pero el pasado viernes los empresarios del sector lamentaron que se había enfriado la cuestión y no había avances”, ha reseñado el edil.
El peligro es evidente, como ha aseverado el portavoz del principal partido del municipio. “En estos momentos estamos importando mano de obra cualificada, lo que supone una pérdida de riqueza y competitividad. Si se alarga esta situación el daño puede ser irreversible”.
Por ello, ha manifestado que “exigimos que se impulse la cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento, que se anunció en febrero, así como el apoyo presupuestario de la Comunidad Autónoma”, siendo esto último algo que está en duda puesto que “en el Presupuesto regional no hemos encontrado una partida específica para este proyecto”.
Por último, José López ha concluido afirmando que “en MC tenemos claro que no es momento de fotos y sí de remangarse para que repunte el empleo y nuestra Comarca mire al futuro con proyectos tan necesarios como este centro”.
MC se hace eco en La Palma de necesidades de la diputación en materia de seguridad, sanidad, limpieza o mantenimiento de espacios públicos
Ayer, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, el concejal cartagenerista, Enrique Pérez, y nuestros vocales en la Junta Vecinal de La Palma, visitaron diversos emplazamientos en la localidad para repasar algunas de las principales deficiencias que inquietan los vecinos de la diputación.
Se desplazaron, en primer lugar, a la carretera RM-F36, convertida en uno de los principales puntos de concentración de accidentes del territorio regional, ya que desde hace décadas, San Esteban viene incumpliendo la necesidad de ejecutar el desdoblamiento, al menos, del tramo de seis Km de La Palma a Torre Pacheco.
Esta problemática ha sido denunciada por nuestra formación en numerosísimas ocasiones, requiriendo al Gobierno autonómico sensibilidad y compromiso de financiación para reducir la peligrosidad en un punto que se ha cobrado muchas víctimas.
Compromiso presupuestario en 2021
Parece que este año, la presión vecinal, unida a la acción política de MC, ha vencido la resistencia del Ejecutivo de López Miras, ya que en el proyecto de presupuestos regionales para el presente ejercicio se contempla una partida de 750.000 euros al objeto de iniciar trabajos en la citada vía.
No obstante, nuestra formación se mantendrá vigilante para comprobar que finalmente se lleve a cabo y no se trate de otro ejemplo más de deslizamiento presupuestario para retardar sine die la actuación.
Los concejales de MC, departieron durante la mañana con miembros del AMPA del colegio de La Palma, además de representantes de la asociación de vecinos y el colectivo de mercadilleros, abordándose otra de las cuestiones que más preocupan a los palmesanos.
Cambio en la ubicación del mercadillo y servicio de pediatría
La ubicación del mercadillo semanal, en la calle Manuel Bobadilla, acarrea constantes problemas que afectan a la seguridad al entorpecer el acceso y salida de autobuses y coches del colegio de la localidad, además de dificultar el tránsito de vehículos del consultorio médico. En este punto, conviene reseñar que existe una propuesta de MC, expresada en la Junta Vecinal, para que se cambie la ubicación del mercadillo por otro más idóneo. Hasta la fecha, nada se ha avanzado en este sentido.
Otra de las inquietudes que transmitieron los vecinos de La Palma se refiere a la reducción de la presencia del servicio de pediatría en el consultorio médico, pasando de tres días a la semana a solo uno. Esto implica que si un vecino requiere del servicio en otro día tenga que trasladarse a Pozo Estrecho para ser atendido.
Otras necesidades
Al tiempo, José López y Enrique Pérez mantuvieron un encuentro con miembros de la junta directiva del centro de mayores de La Palma. Recogieron la incidencia que registra este edificio, de titularidad municipal, al carecer de un punto habilitado como salida de emergencia.
Por último, los concejales de MC comprobaron numerosas deficiencias en materia de alumbrado público, suciedad en solares y carencias en el mantenimiento de zonas de juegos infantiles. Todas las cuestiones fueron atendidas por nuestros concejales al objeto de avanzar en los cauces más idóneos de cara a reclamar la resolución de las mismas.
Durante el Pleno del pasado mes de abril, MC reclamó exigir la implicación del Gobierno regional con la firma del convenio con la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) para el desarrollo de la ZAL de Los Camachos, además de requerirse al Ejecutivo estatal que SEPES acepte la adquisición de suelo para dicha ZAL, remitida por la Autoridad Portuaria en diciembre de 2020. Sin embargo, Noelia Arroyo, la tránsfuga socialista Castejón y Padín impidieron, con el rodillo de su mayoría, que se reclamara inversión regional para la ZAL de Cartagena.
Al hilo de esta situación y siendo conocedor de lo invertido en este proyecto desde 2016 por parte de la Administración regional, el portavoz municipal de MC, José López, ha indicado que “es momento de hacer balance de cómo trata San Esteban el proyecto de la ZAL de Los Camachos desde que en 2016, como alcalde, obligué a sacar dicho proyecto del cajón en el que estaba escondido desde el año 2004”.
“Y hay que hacerlo por comparación, porque es la mejor manera de comprender las cosas”, ha continuado explicando para poner de manifiesto que “desde 2016 se han presupuestado por el PP casi 4 millones de euros para la ZAL, y se han ejecutado tan sólo 87.000, un 2%. El equivalente a nada, que es lo que es hoy la ZAL de Cartagena”.
Por el contrario, “en cuanto a la de Murcia, que dicen que no es de interés regional y esas cosas que nos cuentan, se ha presupuestado menos pero se ha ejecutado más de medio millón de euros en el mismo período”.
Las cifras hablan por sí solas otra vez en la eterna discriminación de Cartagena respecto a Murcia. “Casi 6 veces más de inversión y avances reales, sumados a la desviación a Corvera de la multinacional Amazon, que debía instalarse en Cartagena”.
En definitiva, el portavoz del principal partido del municipio ha concluido resumiendo que “eso nos ofrecen San Esteban y el PP. Así se explica que, en el último Pleno, Arroyo, Castejón y Padín impidieran que nuestro Ayuntamiento reclame inversión regional en la ZAL de Los Camachos. Seguiremos luchando contra este veto confiando en desatascar este proyecto estratégico, aunque ya sabemos que nos han ‘trincado’ Cartagena y que el plan es otro”.
Esta mañana, el portavoz de MC Cartagena, José López, ha informado de la iniciativa cartagenerista, a debatir en el próximo pleno, para exigir al Gobierno regional que desista en el recorte que está efectuando en atención hospitalaria a mayores y dependientes, al tiempo de reclamar la ampliación de plazas públicas del Instituto de Acción Social (IMAS).
López ha comenzado lamentando que Cartagena vuelva a ser “el objetivo del azote de Murcia. Lo único que cambian son las víctimas. Nos les frena ni el cuidado a los más desfavorecidos, pues cerca de dos mil familias cartageneras sufren la obscena decisión de San Esteban de recortar inversión en la atención a la dependencia”.
A continuación, ha detallado el motivo concreto de su reivindicación. “El último zarpazo del Gobierno regional es la derivación de enfermos crónicos mayores de hospitales a residencias. Es decir, se les saca de un hospital, donde pueden recibir una atención integral y adecuada, para llevarlos a una residencia, centros que evidentemente cuentan con menos recursos de personal, asistencial, maquinaria, etc. Y todo por un criterio económico. Jugar con vidas y restar inversión a Cartagena. Ése es el plan”.
El Rosell, infrautilizado, mientras se desborda la petición de plazas en residencias
En este contexto, el edil ha recordado que desde San Esteban se menosprecian “recursos como el Hospital del Rosell, se reducen al 50% las plazas concertadas con hospitales privados mientras se desbordan las peticiones de plazas residenciales. Se ríen y desprecian a nuestros mayores y dependientes. Hablamos de dinero, de ahorrarse una media de 30 o 35 euros al día por paciente, respecto a una plaza de atención hospitalaria, aunque estén peor atendidos y con menos recursos. Llamarles irresponsables sería un eufemismo”.
Para finalizar, el también secretario general de MC ha añadido que “en el próximo pleno, exigiremos la utilización plena del Rosell para pacientes agudos de edad avanzada, una mayor coordinación con los centros concertados y la ampliación de plazas públicas del IMAS. Y las de aquí con su callada cómplice. Los cartageneros tienen el enemigo en casa”.
Esta mañana el diario La Verdad informa de la contratación en Lhicarsa por parte de FCC de cuarenta trabajadores destinados al servicio de limpieza viaria en el municipio, cubriéndose una ausencia de personal que se detectó en la auditoría del servicio impulsada por MC en 2017.
Al hilo de esta noticia, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, ha recordado que “a finales de 2017 la labor de fiscalización de MC permitió demostrar que faltaban más de 30 trabajadores de limpieza según el contrato de Lhicarsa, algo que Jesús Giménez remitió por escrito a Castejón”.
El resultado de aquello es conocido por todos. “Su respuesta a esta investigación y a la del contrato del agua fue expulsar a MC del Gobierno en enero de 2018”, añadiendo asimismo que “un mes después, con nosotros ya fuera del Gobierno, PP y PSOE votaron en contra de investigar estas irregularidades”.
Asimismo, ha puesto de relevancia que “la alcaldesa apañó con FCC lo que llamó un ‘Plan de choque’, que era algo así como limpiar por unos días para que después se volviera a acumular la suciedad y hasta hoy. Si tuvieran conciencia podríamos pensar que se la limpiaron un poco así”.
López ha continuado explicando que “sucede que se trata de una investigación que no podían frenar y casi cuatro años después es noticia que se incorporarán estos trabajadores”, lo que le ha llevado a preguntarse si “¿indemnizará FCC a los cartageneros por los años que lleva con 40 trabajadores de menos?, ¿Qué pasa con Castejón y Arroyo que lo sabían y han consentido la situación?, ¿Pagarán ellas? Y finalmente, ¿por qué los 16 trabajadores del litoral no están en esas nuevas contrataciones?”
El portavoz cartagenerista ha finalizado manifestando que “una vez más, una buena noticia está acompañada de muchas dudas y un castigo personal a estas familias, quizás por manifestarse, y económico para toda Cartagena que, por cierto, sigue sucia y pagamos casi 40 millones euros al año”.
