El juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena acogió ayer la vista previa para la adopción de medidas cautelares dentro del proceso abierto por una demanda del Partido Cantonal contra Movimiento Ciudadano. Entre los documentos aportados han figurado artículos publicados en ‘Cartagena de Ley + Hoy’.
Ante el juez Carlos Martínez Robles, y la representante de la Fiscalía, el Partido Cantonal, que actúa como demandante, ha estado representado por su presidente, Miguel Bastida, junto a la letrada María José Carrillo Saura y el procurador Pedro Hernández Saura, mientras que Movimiento Ciudadano ha contado con su presidente, Pedro Celdrán, el abogado Vicente Pérez Pardo, acompañado por su compañero de despacho Jesús Jiménez Gallo, y el procurador Rafael Varona Segado.
La vista ha durado algo más de una hora, en la que la letrada del Partido Cantonal ha expuesto los motivos en que se basa para solicitar la aplicación de medidas cautelares en este proceso, que consiste en la interrupción de su actividad de Movimiento Ciudadano hasta que concluya la causa, mientras que el abogado de MC ha planteado los motivos por los que se oponen. Finalmente, la Fiscalía también ha dado conocer su postura en este asunto.
Ambas partes, en la parte documental, han aportado, entre otros, artículos publicados en la sección ‘Cartagena de Hoy’ del diario digital www.cartagenadeley.com y en el diario La Verdad, junto a publicaciones del Boletín Oficial de la Región de Murcia.

La fiscal, en sus conclusiones, ha expresado que no deben aplicarse las medidas cautelares que solicita el Partido Cantonal y sí se pueden adoptar otras que permitan a este partido acudir como independiente a las elecciones.
La fiscal ha expuesto al juez que no concurren los requisitos “que vayan exclusivamente dirigidos a la efectividad de la futura sentencia y sí parecen que se presente impedir que la Federación de Movimiento Ciudadano se presente en las próximas elecciones municipales“, añadiendo que se podría solicitar otra medida menos gravosa.
Asimismo, ha expuesto que el PCAN puede se declarado de forma provisional la supuesta expulsión “para que pueda presentarse elecciones o bien darlo por no cesado y dar por admitidas sus cuotas para ir a los comicios con la Federación, para después de esas elecciones reanudar el proceso“.
También ha apuntado que hay un tercer partido (Acción y Desarrollo) afectado “y que no tiene nada que ver con este asunto“.

Medidas desproporcionadas y sin relación con la demanda

El letrado Vicente Pérez Pardo ha expuesto esta mañana que la demanda del PCAN tiene como motivo real que MC no pueda presentarse a las próximas elecciones municipales del 22 de mayo y ha cifrado en casi 168.000 euros el dinero que recibe al año este partido por su representación en el ayuntamiento de Cartagena, “y sin concejales sería su muerte política“.

Nos oponemos a la aplicación de las medidas cautelares por múltiples motivos y discrepaciones de las afirmaciones de los demandantes, por no ser ciertas, pues el Partido Cantonal confunde los términos y tergiversa las situaciones“, es lo primero que ha dicho el abogado Vicente Pérez Pardo.
Después dijo que la apariencia del buen derecho (“que no existe en esta petición“) señala que la medida solicitada debe conducir a la efectividad de la tutela de la demanda principal. “Piden la nulidad de la baja del Partido Cantonal en la reunión del 22 de junio y de las reuniones y acuerdos posteriores… no vemos relación entre la aplicación de medidas cautelares, la expulsión del PCAN y la actividad de MC; y lo que entendemos es que pretenden evitar que MC se presente a las elecciones municipales, pues la petición no guarda relación con la causa y lo que realmente se pretende es coartar los derechos de la coalición y de sus afiliados“.
Aseveró que el PCAN “quiere acabar con la vida política de la Federación MC, que si no concurre a las urnas y no logra representación, puede acabar“. Este último comentario lo razonó diciendo que las fuentes de ingresos de MC son las subvenciones por los concejales que tiene, las subvenciones municipales por los tres funcionarios y la cuota de un euro al mes por afiliado, “sin concejales sería la muerte política“.
Después aseguró que el PCAN “no ha sido expulsado… ni se acordó ni se comunicó al registro de partidos políticos” y acusó a este partido de ser “el que no se conoce los estatutos y el que pretendió ocular siempre su número de afiliados, pues los cantonales pretendían controlar los órganos de gobierno de MC sin que se supiera cuántos afiliados tiene, pese a que se les solicitó y sólo días después presentaron una lista parcialmente actualizada en la que en algunos casos faltaban los DNI o la dirección y en algún caso había alguna persona ya fallecida” y puso como ejemplo que no se puede “jugar al póker sin enseñar las cartas cuando llega el momento“. Continuó diciendo que, como indica el artículo 13 de los estatutos, se trató de “una baja de afiliados que llevaban seis meses sin pagar, fue una baja automática por falta de pago“.
Otro aspecto en el que se basó es que el PCAN tuvo 40 días naturales para impgunar “y ese plazo transcurrió sin que lo hiciese y ningún afiliado dado de baja recurrió judicialmente para solicitar el reingreso“. En ese momento apuntó que el concejal de MC del PCAN (Luis Carlos García) sigue pagando sus cuotas.
Respecto a la imposibilidad del PCAN de acudir en solitario a las elecciones, apuntó Vicente Pérez Pardo que desde el 22 de junio “ha tenido tiempo suficiente para hacerlo y sino lo ha hecho es porque lo que pretende es que no lo haga MC“. También rechazó la aplicación de medidas cautelares porque afectaría a Acción y Desarrollo y otras personas inocentes a este conflicto.
Sobre la cuantía de la caución a depositar por el PCAN, el abogado solicitó la cantidad de 167.765,45 euros que es el importe de las prestaciones que MC tiene al año por su representación en el ayuntamiento de Cartagena.

Fuente: Cartagena de Ley

La fiscal rechaza las medidas cautelares pedidas por el PCAN contra MC
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