El Informe del Defensor del Pueblo del año 2022 señala al Ayuntamiento de Cartagena como `Administración no colaboradora´

María Dolores Ruiz (MC): “Hay expedientes sobre los que el Consistorio no ha respondido al tercer requerimiento del Defensor del Pueblo, dejando en muy mal lugar la Transparencia del gobierno de Arroyo”

El informe del Defensor del Pueblo Correspondiente al año 2022 habla de “falta de Transparencia” del Ayuntamiento de Cartagena, así como del “retraso del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia”, con respecto a los expedientes que han sido desatendidos hasta la fecha, haciendo caso omiso a una institución con la que se está obligado a colaborar.

En lo que respecta al expediente de San Ginés de la Jara, al que alude el informe, se le pide al Ayuntamiento de Cartagena que resuelva motivadamente por qué no obliga a la mercantil y no ejecuta subsidiariamente las obras de restauración integral del monasterio de una vez por todas, a lo que el Consistorio contesta con la callada por respuesta, haciendo gala de falta de transparencia.

Según la concejal de MC Cartagena, María Dolores Ruiz, “es una cuestión incomprensible el silencio del Gobierno de la señora Arroyo al respecto y la vergüenza para el Consistorio que supone que nos califiquen como Administración No Transparente. El hecho de no contestar a los requerimientos del Defensor del Pueblo entiendo que es por si el juzgado anula el convenio urbanístico o sale antes la sentencia de Novo Carthago. Que lo digan y no disfracen más la realidad”.

Obvian responder

Para la edil cartagenerista, “la obligación de colaborar con el Defensor del Pueblo es clara, pero las administraciones que no quieren que se les vean sus intenciones, obvian responder a sus requerimientos, como hace el Gobierno local con el tema del monasterio de San Ginés de la Jara”.

Ruiz finaliza aludiendo a que “en un asunto tan claro como la rehabilitación del monasterio, avalado por dos sentencias firmes del TSJ y los informes de los técnicos municipales, ¿qué puede decir el Gobierno local cuando no insta la ejecución de las sentencias? El que calla, otorga. Y el gobierno de la señora Arroyo, en vez de priorizar el BIC, cierra los ojos y entretiene a los tribunales yendo, una y otra vez, a “reivindicar” lo mismo. Pan y circo, lo llamaban los romanos”.