El alcalde desbloquea el proyecto de la Ciudad de la Justicia para Cartagena

El alcalde, José López (MC), ha presidido esta mañana, en el Palacio Consistorial, la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena.

Con anterioridad al inicio de la sesión plenaria, cada concejal de la Corporación municipal ha recibido un ejemplar de la reedición del libro ‘Murcia por una mitra’, editado por el Ayuntamiento de Cartagena.

De esta forma, los representantes públicos disponen de un documento definitivo que aborda uno de los hechos históricos más sangrantes  y relevantes de la historia de nuestra ciudad: el traslado ilegal de la sede episcopal de Cartagena a Murcia.

Una reedición fundamentada en su alta demanda social y utilidad histórica al tratarse de un documento definitivo para la comprensión del pasado, así como las nefastas consecuencias que los hechos relatados tienen y han tenido para Cartagena.

Durante la lectura del orden del día, se ha dado cuenta del dictamen favorable de la Comisión de Hacienda e Interior, a propuesta de la Alcaldía, de la nominación de la puerta 2-22 del Estadio Municipal Cartagonova como Puerta de Miki Roqué.

Esta medida ha sido impulsada por el concejal de Deportes, Ricardo Segado (MC), para rendir homenaje al exjugador del F.C. Cartagena y uno de los ‘héroes’ del ascenso a Segunda A del equipo albinegro en la temporada 2008/2009. El futbolista catalán, fallecido en el año 2012 tras una larga lucha contra el cáncer, dejó una importante huella entre la afición cartagenera.

Del mismo modo, el secretario general del Pleno ha dado lectura de una declaración institucional de apoyo a los derechos del colectivo LGTB con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB.

Impulso al proyecto de la Ciudad de la Justicia

El primer edil, José López, ha presentado una moción respaldada por la Corporación para dar un verdadero impulso a la construcción de la necesaria Ciudad de la Justicia.

Cabe recordar que el Partido Judicial de Cartagena está formado por los municipios de Cartagena, La Unión, y Fuente Álamo, y que el Palacio de Justicia  de Cartagena es además sede de una Sección de la Audiencia Provincial de Murcia, que extiende su jurisdicción sobre casi 400.000 personas, ya que al Partido Judicial de Cartagena se unen los asuntos que llegan del Partido Judicial de San Javier, compuesto por los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Los Alcázares. La construcción de la Ciudad de la Justicia se hace necesaria para aglutinar la dispersión de juzgados por la ciudad y dotar de una infraestructura adecuada al Partido Judicial.

El Ayuntamiento de Cartagena contempla en su vigente Plan General de Ordenación Urbana una parcela denominada SG/C EQUIPAMIENTO, que está calificada como Sistema General de Equipamiento Comunitario. Su superficie total aproximada es de 73.647 m2 en el entorno de Mandarache.

El alcalde ha explicado que valorando las posibilidades de uso de dicha parcela, se ha realizado un esquema de ordenación interior en el que se disponen varias subparcelas y viario interior de acceso a las mismas. Así, se puede disponer de una subparcela de unos 18.961 m2, situada en primera línea del acceso norte a Cartagena para su destino a la Ciudad de la Justicia, cuya dotación de aparcamientos está prevista en la subparcela colindante.

Dicha parcela que en su día fue de titularidad municipal, figura inscrita en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento de Cartagena, si bien, para su plena disposición queda pendiente subsanar determinados criterios del Proyecto de Reparcelación, que no afectarán a las dimensiones y titularidad de la parcela.

De este modo, el Pleno se ha pronunciado a favor del ofrecimiento de la citada parcela, requiriendo al Ministerio de Justicia a que inicie los trámites de proyecto para la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cartagena en la subparcela de 18.961 m2 del Sistema General de Equipamiento del Sector Cc 1-1 del Plan General de Cartagena.

En contra del cierre de las oficinas de Registro Civil

El Pleno ha aprobado la moción presentada por el alcalde en la que el Ayuntamiento se posiciona en contra de la mayoría de las oficinas de Registro Civil. Esta medida podría llegar a afectar incluso a la de Cartagena, por lo que el Consistorio ha mostrado su rechazo a la misma tras conocerse la propuesta de modificación de la Ley 20/2011 del Registro Civil que el ministro de Justicia ha entregado en la Conferencia Sectorial a los consejeros autonómicos correspondientes.

La materialización de este proyecto de reforma de la distribución territorial de los registros civiles supondrá el alejamiento de este servicio público de la ciudadanía puesto que conllevaría la desaparición de las oficinas del Registro Civil en la mayoría de las medianas y pequeñas poblaciones, entre las que está Cartagena.

Ello provocaría, por tanto, el traslado de dichos registros a las capitales de tamaño superior, obligando con ello a la población de las localidades más pequeñas como ésta a cubrir decenas de kilómetros para ejercer su derecho o a acudir, pagando los honorarios correspondientes, a gestorías o despachos profesionales, además de suponer un deterioro en la dinámica social y económica de este municipio. No está garantizado incluso, que los vecinos y vecinas puedan seguir inscribiendo a sus hijos e hijas como nacidos en la localidad cuando nacen en los hospitales comarcales o provinciales, provocando, a medio plazo, la inexistencia de personas nacidas en este municipio.

Ante esta situación, el Ayuntamiento se opone a esta pretensión, que tendría como consecuencia un grave deterioro del servicio público, eliminando recursos y suprimiendo empleo y dará traslado de este posicionamiento al Gobierno y Parlamento Autonómico, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, a las Federaciones Autonómica y Española de Municipios y Provincias, al ministro de Justicia y al presidente del Gobierno.

Autopista AP7 gratuita. Histórica reivindicación de MC

Asimismo, el Pleno ha acordado dar el visto bueno a la moción presentada por MC para instar a la CARM para que se dirija al Ministerio competente para exigir el cumplimiento del compromiso electoral adquirido por el PP, en la persona de Ana Pastor, en referencia a la autopista Cartagena – Vera. Este compromiso aludía a la plena reversión pública  de la AP7, lo que se traduciría en su gratuidad.

La reversión automática al Estado tendría como fin eliminar peajes de todas las concesiones de autopistas que vayan venciendo en los próximos ejercicios, así como de aquellas que se encuentran en una situación de quiebra, situación concreta en la que se incluye el tramo de la AP7 entre Cartagena y Vera.

La medida contribuiría, tal y como manifestó el portavoz de MC en el Consistorio cartagenero, Francisco Calderón, a mejorar de forma decisiva una infraestructura que, en la actualidad, “sigue sin unirnos, vertebrarnos y favorecer el desarrollo de la costa del litoral de la Provincia Marítima de Cartagena y de Almería, tal y como es su fin”.

Lo abordado hoy es una reivindicación realizada por MC desde hace meses. Así, mediante su presidente, Jesús Giménez, la formación cartagenerista ha puesto de manifiesto que debe ser la CARM la que asuma esta gestión con el fin de equiparar a los cartageneros con los ciudadanos de otras comarcas de la Región.

Sobre este asunto, Giménez aseguró en diciembre de 2016 que “si el Estado rescata estas autopistas, es el momento de que Cartagena-Vera, como debiera ser también Cartagena-Alicante, pase a ser gratuita para todos los ciudadanos”.

Del mismo modo, el presidente de MC recordó que  “el Gobierno regional tiene ante sí una magnífica oportunidad de mostrar su interés por los ciudadanos de la Comarca de Cartagena, equiparándolos con los vecinos de otras zonas de la Región que disfrutan de conexión gratuita a través de carretera con el Mediterráneo y Andalucía, privilegio del que, todos sabemos, no gozamos los contribuyentes cartageneros”.

El Pleno rechaza la implantación del juzgado uniprovicial para procedimientos por cláusulas abusivas

El Pleno ha realizado una declaración institucional, al contar con el respaldo de las cinco fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Cartagena, al objeto de instar al Gobierno estatal para que, en el ámbito de sus competencias, paralice el plan de contingencia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que contempla la creación de un único juzgado por provincia que asumiría la tramitación de los procedimientos por cláusulas abusivas en las hipotecas.

Asimismo, el texto de la declaración recoge que el Ayuntamiento de Cartagena inste al Ejecutivo central para la creación en los cincuenta y siete Juzgados de Primera Instancia de la Región de las unidades de refuerzo pertinentes para atender las reclamaciones por cláusulas abusivas hipotecarias.

MC expresa su satisfacción por el pronunciamiento unánime de esta mañana y el respaldo ofrecido por los grupos políticos del Ayuntamiento de Cartagena al adherirse a una reclamación iniciada por la formación cartagenerista el pasado mes de abril al denunciar una situación que obligaría a las personas que se encuentran con problemas de cláusulas abusivas en su hipoteca o que se enfrenten a un desahucio en el municipio de Cartagena y en el resto de su partido judicial y el de San Javier tengan que desplazarse, desde este verano, al municipio de Murcia.

Cabe recordar que el partido judicial de Cartagena, formado por Cartagena, San Javier, Fuente Álamo y La Unión da servicio a 400.000 personas.

Así, el 26 de abril, el presidente y portavoz de MC alertó sobre una circunstancia que convierte “a las personas que sean desahuciadas en Cartagena en ciudadanos de segunda; pues tendrán que ir a ver a su abogado a Murcia, preparar el juicio allí, volver a Cartagena como puedan y regresar a su juicio en Murcia porque así lo ha decidido el TSJ”.

Todo ello, evidenciando los problemas acarreados por una Comunidad uniprovincial, constatándose que “la realidad golpea de nuevo a todos aquellos grupos municipales y de la Asamblea Regional que se niegan a la biprovincialidad, aduciendo que es un instrumento antiguo y que hay que vertebrar de otra manera. Al no ser provincia, no contamos a efectos electorales, ni a nivel de representación en los parlamentos, ni tampoco contamos para la Justicia”.

Reclamación de una Unidad de Quemados en Cartagena

El pasado mes de mayo tenía lugar una explosión ocurrida en una de las calderas de una conocida refinería del Valle de Escombreras. Este hecho volvía a evidenciar una de las grandes carencias que padece la Comarca de Cartagena en materia sanitaria: una Unidad de Quemados.

El Pleno del Ayuntamiento ha dado su apoyo a una moción presentada por MC, a través del concejal del área de Calidad de Vida, Francisco Calderón, por la que se solicita a la CARM a que inicie los trámites y gestiones oportunas para la implantación, sin más dilación, de una Unidad de Quemados en Cartagena, aportando los medios económicos y materiales que sean necesarios.

En este sentido, Calderón ha asegurado que “el Valle de Escombreras, polo industrial de España, precisa de esta unidad en Cartagena sin más demora”.

La existencia de una Unidad de Quemados resulta especialmente fundamental en los siguientes casos: quemaduras (segundo y tercer grado) de más del 20 % de la superficie corporal; quemaduras de tercer grado en más del 10 % de la superficie corporal; niños y ancianos; lesiones por inhalación asociadas; quemaduras eléctricas graves, y en los casos de quemaduras en cara, pies, manos y periné.

Por todo ello, y al tratarse del Valle de Escombreras, indiscutible polo industrial regional y uno de los principales del país, se hace innegociable la inmediata implantación de una Unidad de Quemados en Cartagena. Lo contrario sería un inadmisible acto de irresponsabilidad política por parte de la administración regional.

El Pleno solicita a la CARM la construcción de un Centro de Estudios Integrado de Música y Danza junto al Conservatorio de Cartagena

Una iniciativa presentada por el concejal del área de Cultura y Patrimonio, Ricardo Segado (MC), ha contado con el respaldo del Pleno de la Corporación para instar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la CARM a que construya un nuevo edificio anexo al Conservatorio al objeto de crear un Centro de Estudios Integrado de Música y Danza.

Segado ha recordado que “Cartagena es una ciudad en la que el interés por la música y la enseñanza musical ha estado patente desde tiempo inmemorial. Cuenta con un Conservatorio casi centenario, bandas, tanto civiles como militares, de gran entidad y solera, y una tradición en el cante flamenco sólo equiparable a algunas zonas andaluzas”.

La propuesta recoge la creación de un Centro de Estudios Integrado de Música y Danza en el que se compatibilicen, en un turno único, las enseñanzas obligatorias, a partir de tercero de primaria hasta el final de bachillerato, y las Enseñanzas de Música y Danza. De esta manera se crearían, para todos los cursos mencionados, unidades con alumnos que recibirían todas sus clases en horario de mañana. En horario de tarde, este mismo centro impartiría clases de música, actuando únicamente como Conservatorio para aquellos que no estuvieran interesados en integrar las enseñanzas y quisieran seguir sus estudios musicales por separado.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Cartagena está en disposición de ceder cinco mil metros cuadrados en la parcela anexa al Conservatorio actual para la construcción de un Centro Integrado de Música y Danza, que sumados a los del inmueble ya existente, se estiman suficientes para este fin. Así, también se aliviaría la presión escolar que sufren el IES Ben Arabí y los colegios de la zona.

El compromiso de MC con este proyecto queda demostrado con el ofrecimiento del alcalde para que se construya el edificio en terreno municipal, por lo que sumándose la acción de la CARM, la ciudad y la Región deben volver al lugar que por tradición le corresponde: estar a la cabeza de la educación musical en el país.

Se mantiene la reprobación a Espejo

Como último asunto, el Pleno ha refrendado la reprobación efectuada durante la sesión del pasado 27 de mayo de 2016 al portavoz del Grupo municipal Popular, Francisco Espejo, por iniciar sin licencia las obras de su chalé situado en Cala Flores.

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